Nueva York .- Una amplia operación policial en Nueva York y otros siete estados ha culminado con la detención de 31 individuos a quienes se acusa de numerosos delitos relacionados con el tráfico de mujeres y la explotación sexual.
Entre los acusados están propietarios y encargados de burdeles, intermediarios que transportaban a las víctimas entre estados y otros dedicados a la transferencia ilegal de fondos.
Los detenidos son de origen asiático y se les acusa de traficar con mujeres a las que obligaban a prostituirse, y de transportar indocumentados, entre otros delitos.
La investigación comenzó en mayo del pasado año después de que una pareja coreana que operaba una cadena de prostíbulos en el barrio neoyorquino de Queens intentara sobornar a un detective del Departamento de Policía de Nueva York, con el propósito de proteger su negocio de la investigación de las autoridades.
El detective aceptó el trato y, en un período de casi un año, la pareja asiática le pagó 126.500 dólares. Los tres, y otro policía neoyorquino que también aceptaba sobornos, fueron arrestados y procesados el pasado 8 de marzo.
El suceso dio lugar a una investigación más amplia de una extensa red de burdeles, propiedad de coreanos, que se extendían por diversos estados del este de EE.UU. y también en la capital federal, Washington D.C.
La organización descubría mujeres en Corea del Sur que deseaban ingresar a EE.UU., por lo general con el objetivo de ganar dinero y ayudar a sus familias, y después organizaba su traslado, en ocasiones proporcionándoles documentación falsa para internarse en el país norteamericano.
Según la acusación, cuando las víctimas llegaban finalmente debían hacer frente a una abultada deuda, generalmente de decenas de miles de dólares, lo que presionaba su ingreso en la red de burdeles, muchos de ellos encubiertos como negocios legales dedicados al masaje o la acupuntura.
Los propietarios o encargados de esos establecimientos se incautaban de la documentación de las mujeres con el propósito de impedir su huida y también las amenazaban con entregarlas a las autoridades de inmigración o perjudicar a sus familias en Corea.
"Este caso nos recuerda que el tráfico con humanos a gran escala es algo que ocurre cada día, en nuestras ciudades y barrios", señaló el fiscal federal Michael García al dar a conocer hoy la acusación y las detenciones que se realizaron el martes en Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island, California, Carolina del Norte y Maryland.
Si son declarados culpables, los acusados de transporte ilegal de mujeres para su explotación sexual enfrentan una pena de hasta diez años de prisión.
