WASHINGTON.- Una jueza federal dictaminó el jueves que los fabricantes de cigarrillos fueron responsables por décadas de una conspiración para ocultar los daños que causa fumar, pero no impuso un castigo financiero a la industria como pedía el gobierno de Estados Unidos.
La jueza de distrito estadounidense Gladys Kessler encontró que el gobierno había probado su caso, en el cual acusaba a los fabricantes de cigarrillos de una conspiración que duró décadas para ocultar los daños que causa fumar.
Sin embargo, Kessler dijo que un dictamen anterior de una corte de apelaciones le impedía castigar a las empresas con multas monetarias, como la de financiar una gran campaña anti-tabaco que había pedido el gobierno.
"Fumar cigarrillos causa enfermedades, sufrimiento y la muerte. Pese a que internamente reconocían este hecho, los acusados públicamente han negado, distorsionado y minimizado públicamente por décadas el peligro de fumar", dijo en su fallo de 1.653 páginas.
La jueza ordenó a las empresas que corrijan y emitan comunicados sobre los efectos sobre la salud y la adicción que provoca el hábito de fumar, y les ordenó usar términos que describan a los cigarrillos de manera que demuestre una preocupación por la salud.
Los objetivos de la demanda de 1999 eran Altria Group Inc. y su unidad Philip Morris USA, Lorillard Tobacco de Loews Corp. , Carolina Group , Liggett Group de Vector Group Ltd., R.J. Reynolds Tobacco de Reynolds American Inc. y British American Tobacco Plc , una filial de British American Tobacco Investments Ltd.
Varias acciones de tabacaleras subieron en las operaciones posteriores al cierre del mercado, luego de que se conociera el fallo.
"Aunque perdieron, ganaron. Esta es una victoria para las tabacaleras", dijo Tim Ghriskey, director general de inversiones de Solaris Asset Management.
El fallo era visto como el último gran obstáculo que Altria debía pasar antes de decidir cuándo escindirá su negocio Kraft Foods Inc.
Durante los ocho meses del juicio que terminó en junio del 2005, el gobierno llamó a médicos, economistas e informantes de la industria, quienes describieron una campaña de décadas de las tabacaleras para negar u ocultar los peligros de fumar.
Las tabacaleras ofrecieron el testimonio de sus propios médicos, economistas y ejecutivos. Estos negaron una conspiración para promover el hábito de fumar y dijeron que el gobierno no tenía razones para perseguirlos, luego de que cambiaron sus prácticas comerciales por un acuerdo con algunos estados en 1998.
Kessler ordenó a cada empresa publicar en su sitio de internet todos los documentos presentados a los fiscales en el caso, y las transcripciones de las cartas y declaraciones de ex empleados sobre el impacto sobre la salud que provoca fumar cigarrillos.
El material debe mantenerse en sus sitios de internet hasta el 2016.
En febrero del 2005, la Corte de Apelaciones del Distrito del Circuito de Columbia prohibió al gobierno pedir 280.000 millones de dólares de ganancias pasadas de la industria, privándolo de su mayor arma en este caso.
La Corte de Apelaciones dijo que las compensaciones civiles por organización criminal deben enfocarse en la prevención de futuras malas prácticas, y no castigando las infracciones pasadas.
Los abogados del Departamento de Justicia pidieron al juez que requiriera a las tabacaleras financiar un programa anti-tabaco de 10 años por 14.000 millones de dólares, si el gobierno ganaba.
Sin embargo, los abogados de las tabacaleras argumentaron que la propuesta de requerir a sus clientes que financiaran un programa para dejar de fumar estaba más allá de los límites del dictamen de la Corte de Apelaciones.
