LA PAZ.- La nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia, iniciada hace más de cien días, enfrenta enormes dificultades por los intereses externos e internos que quieren que ésta fracase -según el gobierno del presidente Evo Morales- y por problemas presupuestarios.
En el marco del proyecto nacionalizador del presidente, que pasa por renegociar en seis meses (que se cumplen en noviembre) los contratos con las multinacionales que operan en Bolivia, las tratativas más difíciles son con la estatal brasileña Petrobras.
Actualmente La Paz y Petrobras discuten un reajuste del precio del gas que abastece la mitad de la demanda nacional de Brasil y la adecuación de esta empresa al decreto de nacionalización en las actividades de producción y refinación. Brasil importa 25 millones de m3 de gas diariamente.
Las complicadas gestiones han llevado a La Paz a proponer la resolución del diferendo a través de un diálogo directo entre Morales y su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, que siempre ha sido renuente a esta solución.
La posibilidad última de un arbitraje internacional, planteada por el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz, fue descartada de plano por Petrobras, que acusó a La Paz de cortar unilateralmente las negociaciones.
Además del precio de compra-venta de gas, las negociaciones incluyen las garantías de seguridad jurídica que pide Petrobras y las compensaciones que exige por las inversiones que realizó en Bolivia desde la década de los 90.
Como un efecto inmediato del contencioso, la estatal petrolera brasileña redujo sus previsiones de inversión en Bolivia de 2.000 millones a 90 millones de dólares para los periodos 2007-2011.
El gobierno lleva adelante también con dificultades un proceso de auditoría para comprobar si la veintena de consorcios petroleros que operan en el país invirtieron en Bolivia 3.500 millones de dólares desde 1996, como lo establecían sus contratos.
En otro punto de conflicto, el gobierno boliviano amenazó con llevar a juicio a las filiales de las petroleras Repsol de España y Petrobras por maniobras con el gas que exportan a Brasil, lo que provocó pérdidas por 160 millones de dólares a Bolivia.
Según denuncia hecha por Soliz, Petrobras-Bolivia y Andina (Repsol) no aplicaron una fórmula de ajuste progresivo sujeta a las oscilaciones del mercado internacional del petróleo contemplada en el acuerdo de compra-venta de gas suscrito por La Paz y Brasilia en 1999, lo que congeló el valor de las exportaciones bolivianas.
En el plano interno cada vez son más altas las voces de quienes desconfían del éxito de la nacionalización de los hidrocarburos.
El senador Carlos Borth, del opositor Podemos, puso seriamente en duda la validez de la principal medida del gobierno izquierdista de Morales y consideró que "la supuesta nacionalización es una simple compra de acciones a las petroleras".
"En Bolivia, nacionalizar entendemos como el acto de sacar a una empresa privada extranjera del país y entregar al Estado la actividad productiva a la que se dedica", afirmó.
Además, Borth puso de relieve las deficiencias en que el gobierno incurre en el proceso de nacionalización ya que "el único resultado hasta el momento es el desorden en el sector" por la ausencia de reglas claras, que tiene como efecto el descenso de las inversiones extranjeras en exploración.
Transcurridos más de tres meses del decreto de nacionalización, ninguna de las más de veinte empresas petroleras concernidas "ha migrado de los antiguos contratos a los nuevos" y "si no se resuelve esto, el caos en el sector será fatal", dijo Borth.
La estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que debía tomar control de la cadena productiva de hidrocarburos a más tardar en julio pasado todavía no lo ha hecho a falta de recursos para poder funcionar.
Reducido desde 1996 hasta mayo último a un papel residual, YPFB afronta también sospechas de corrupción que involucran a su actual presidente Jorge Alvarado, prominente miembro del partido del presidente Morales.
YPFB requiere 180 millones de dólares para su "refundación", monto del que no dispone y pretende obtener del Banco Central (emisor), pero que es una operación negada por la ley de funcionamiento de la institución bancaria.
Un ex presidente de esa entidad, Juan Antonio Morales, resumió que "la nacionalización fueron más palabras que hechos".
