BAGDAD.- La ejecución del ex dictador iraquí Saddam Hussein, condenado a la pena de muerte el domingo, podría verse aplazada hasta 2007, debido a que el proceso de apelación no está limitado en el tiempo.
El ex dictador iraquí, sentenciado el domingo a morir en la horca por el Alto Tribunal Penal de Bagdad por su implicación en la matanza de 148 chiitas en su país, se enfrenta ahora a un proceso de apelación automático que debe determinar si existieron fallos durante el juicio en primera instancia.
Los estatutos de la corte prevén en efecto una apelación automática en caso de condena a muerte o a cadena perpetua. El recurso debe ser examinado por los nueve jueces que componen la Cámara de Apelación del Alto Tribunal y cuyo funcionamiento se asemeja más a una corte de casación, puesto que la apelación debe estar motivada por un error en el proceso o por el no respeto del derecho.
"La apelación contra el veredicto se inicia mañana (hoy) y durará 30 días. La Cámara no tiene no obstante una fecha límite para anunciar su decisión", explicó el domingo el juez de instrucción del Alto Tribunal, Raed Juhi.
Esa instancia debe "recibir los expedientes del juicio en un plazo de 10 días, y el fiscal dispone de 20 días para presentar sus conclusiones. Después, la Cámara dispone de todo el tiempo que desee para deliberar, esto puede durar semanas o incluso meses", precisó el lunes un responsable estadounidense, cercano al tribunal.
Si la Cámara juzga fundada la apelación, arrancará un nuevo proceso. En caso contrario, es decir, si ratifica la decisión tomada en primera instancia, la sentencia debe ser aplicada en un plazo de 30 días.
Según los estatutos del tribunal, ninguna autoridad, incluido el Presidente de la República, puede recurrir al derecho de gracia ni conmutar las penas pronunciadas. Durante los 30 días que suceden a la ratificación, el decreto de ejecución debe ser firmado por el Presidente de la República o, en su defecto, por uno de sus vicepresidentes.
Segundo juicio
El jefe de Estado, Jalal Talabani, opuesto a la pena de muerte, comunicó que se ausentaría con el fin de no tener que suscribir el decreto que enviaría directo a Saddam Hussein a la horca.
Así, o bien el chiita Adel Abdel Mehdi o el sunita Tarek al Hachemi, serían los encargados de estampar la rúbrica en el papel. De todas formas, muchos dudan de que Hachemi se preste a realizar tal gesto, habida cuenta de que Saddam cuenta todavía con una amplia popularidad entre los sunitas, a los que favoreció durante su estancia en el poder, frente a la mayoría chiita del país.
Paralelamente, Saddam volverá a sentarse el martes en el banquillo de los acusados para responder, junto a seis de sus subalternos, del "genocidio" contra kurdos durante la campaña militar Anfal, entre 1987 y 1988, que provocó, según la acusación, más de 180.000 muertos en el Kurdistán iraquí.
Entre la comunidad kurda, numerosas voces piden que Saddam no sea ejecutado antes de ser juzgado por esos crímenes. Sin embargo, el fiscal general del Alto Tribunal, Jaafar al Mussaui, dejó entrever que existe la posibilidad de que el ex dictador sea ahorcado antes del fin de ese juicio.