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Santiago: Domingo 24 de noviembre del 2024 | Actualizado 08:08
HOUSTON.- La Corte de Apelaciones Penales de Texas rechazó la solicitud de un prisionero condenado a muerte cuyo caso está entre varios que involucran a asesinos sentenciados que nacieron en México y cuyos castigos han sido relegados tras la intervención del presidente George W. Bush.
"Sostenemos que el presidente ha excedido su autoridad constitucional al entrometerse en las facultades independientes del sistema judicial’’, expresó la corte el miércoles en un fallo de 64 páginas que incluyó 283 anotaciones legales a pie de página.
Los abogados de José Ernesto Medellín, condenado por asesinato, han argumentado que los derechos de su cliente fueron violados cuando una corte de Houston lo enjuició y sentenció a muerte en 1994 por la violación y asesinato de dos niñas adolescentes.
La decisión anunciada el miércoles por la corte significa que Medellín, de 31 años, no podrá recibir una revisión adicional del alegato de que fueron violadas sus garantías contempladas en el derecho internacional.
Medellín, que nació en México pero ha pasado la mayor parte de su vida en Texas, ha asegurado en particular que se le negó el derecho a recibir la asesoría legal estipulada en tratados internacionales cuando fue acusado, procesado, declarado culpable y condenado por las violaciones y asesinatos de Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña, de 16, en Houston.
El punto principal de contención en el caso era cuánta importancia deben conceder los tribunales estadounidenses a los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual resolvió que los procesos de Medellín y otros 50 prisioneros nacidos en México violaron la Convención de Viena de 1963.
En 1969, el Senado ratificó la Convención de Viena, la cual estipula la entrega de acceso consular para los estadounidenses detenidos en el exterior y para los extranjeros arrestados en Estados Unidos. La Constitución establece que los tratados estadounidenses "deben ser la ley suprema’’ en Estados Unidos, pero no precisa quién debe interpretarlos.
En febrero del 2005, Bush ordenó inesperadamente nuevas audiencias judiciales estatales para los 51 prisioneros, cuyos casos han generado tensiones con otros países por la condenas a sus ciudadanos bajo la supuesta violación del derecho internacional.
La Corte de Apelaciones Penales dijo el miércoles que la orden presidencial "no puede sostenerse con las facultades constitucionales expresas o implícitas del presidente en las que se apoyen Medellín y Estados Unidos, ni con ninguna atribución concedida al presidente por una ley del Congreso citada por Medellín y Estados Unidos’’.
"Así, el presidente ha violado la doctrina de la separación de poderes al entrometerse en el dominio del sistema judicial’’, consideró.
