LA PAZ.- Los prefectos (gobernadores electos) de seis de los nueve departamentos bolivianos, pertenecientes a partidos de oposición, rompieron hoy el diálogo con el Presidente Evo Morales, al que acusan de vulnerar la ley en la Asamblea Constituyente.
La decisión fue anunciada en un comunicado suscrito la medianoche pasada por los prefectos de Santa Cruz, La Paz, Beni, Cochabamba, Tarija y Pando, en los que viven el 80% de los 9,4 millones de bolivianos.
Las tres restantes prefecturas -Oruro, Potosí y Chuquisaca- están bajo control del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS) o de sus aliados.
Los gobernadores opositores rechazan el reglamento de la Asamblea impuesto el viernes por la mayoría oficialista, porque establece que los artículos de la nueva Carta Magna serán aprobados por mayoría absoluta, en lugar de los dos tercios que prescriben la Constitución actual y la ley de convocatoria de la Constituyente firmada por el mismo Morales en marzo pasado.
Por ello, anunciaron su determinación de "romper relación con el poder Ejecutivo nacional y no concurrir a ninguna convocatoria que realice el señor Presidente de la República, en tanto no se modifique la línea gubernamental de vulneración de la ley y desestabilización institucional de las autoridades elegidas por el voto popular".
Morales impulsa en el Parlamento una ley que le permitirá hacer mociones de censura y destituir a los prefectos, gracias a la mayoría del MAS en el Congreso.
Los gobernadores convocaron para el próximo jueves, en la ciudad central de Cochabamba, una nueva reunión con líderes de organizaciones sociales y cívicas de todo el país, "para defender la legalidad, la democracia y la unidad de la patria que se encuentra en peligro".
La ruptura de la legalidad vigente, con el desconocimiento de los dos tercios para tomar decisiones en la Asamblea, también ha sido rechazada por los partidos de la oposición, que acusan a Morales de dar un "golpe institucional contra la democracia" que "va a matar a la Asamblea".
Constituyentes, diputados y militantes de la centrista Unidad Nacional (UN) están en huelga de hambre contra esa decisión del oficialismo, algunos desde el pasado miércoles.
Según los prefectos opositores, "el país observa con preocupación la conducta del Gobierno Nacional, que lleva el sello de la prepotencia política, la burla de las leyes de la República y un profundo sentido antidemocrático".
Sobre la ley que Morales impulsa para tener mayor control sobre los prefectos e incluso destituirlos, el comunicado señala que ellos vienen "soportando de manera permanente el acoso político de las autoridades nacionales y los permanentes intentos de desestabilización institucional".
Los prefectos denuncian que Morales quiere poner sus cabezas "en manos de la mayoría que detenta" en el Congreso al desconocer que fueron elegidos democráticamente en diciembre pasado, del mismo modo que el Presidente.