Colombia: Canciller admite que indagó a Fiscal por nexo de hermano con paras

BOGOTA.- La canciller colombiana, María Consuelo Araújo,  admitió este miércoles que indagó al fiscal general sobre una investigación por vínculos entre congresistas y paramilitares de ultraderecha que involucra a uno de sus hermanos, aunque descartó una eventual renuncia suya por el caso.

"Les voy a contar con toda la franqueza que sí pregunté Señor Fiscal,  ¿existe alguna investigación contra alguno de los miembros de mi familia?’ y el señor fiscal (Mario Iguarán) me respondió que no’’, dijo la funcionaria en un encuentro con periodistas en Bogotá.

El miércoles de la semana pasada, Araújo acudió a una cita con el fiscal Iguarán, junto a su hermano el senador Alvaro Araújo, un día después de conocerse un testimonio que involucra a éste con jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

"Me fui y mi hermano se quedó hablando de otros temas con el señor Fiscal. La verdad yo no le puse ningún tipo de misterio a la reunión pero me parece importante aclarárselo al país’’, añadió Araújo tras admitir que "había muchos rumores (sobre vínculos de su hermano con los escuadrones de ultraderecha).

"Tenía al frente a la persona que me podía aclarar la duda. Quise saberlo de una fuente directa y se lo pregunté al fiscal sin misterio y él me lo respondió de la misma manera’’, concluyó.

También dejó en claro que no renunciaría a su cargo pese al escándalo que se ha desatado.

"Tengo que decirle al país que mi renuncia no se ha considerado’’, añadió la canciller.

Tras el inicio de investigaciones que llevaron a la detención de tres congresistas y una ex parlamentaria por sus nexos con las AUC, el senador  Araújo admitió la semana pasada que en dos ocasiones se reunió con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar "Jorge 40’’.

Sin embargo, negó haber realizado pactos con el líder de ultraderecha y subrayó que el escándalo por los vínculos de políticos y paramilitares se orienta a relacionarlo a él y a su familia con estos grupos para enlodar también al presidente Alvaro Uribe, quien nombró a su hermana como canciller.

En agosto de 2002, Uribe inició una polémica negociación con los jefes de los escuadrones de ultraderecha que en abril culminaron la desmovilización de 31.000 combatientes, a cambio de beneficios judiciales que incluyen penas de 5 a 8 años de cárcel.