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Santiago: Jueves 26 de diciembre del 2024 | Actualizado 13:58
LA PAZ.- El gobierno suspendió el diálogo con la oposición aduciendo que el frente del que forma parte el movimiento cívico promueve la división del oriente del país, en tanto que dirigentes oficialistas advirtieron que podrían tender un cerco sobre el departamento de Santa Cruz, bastión ahora de los detractores del presidente Evo Morales.
El presidente del Senado y dirigente del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), Santos Ramírez, dijo a la prensa que un preacuerdo para solucionar la crisis política por el control de la Asamblea Constituyente con la oposición pasa “a segundo lugar” ante supuestas tentativas divisionistas de líderes cívicos y prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, al sur.
En ese clima, el viceministro de Coordinación, Alfredo Rada, advirtió en declaraciones a radio Erbol de que “no se puede permitir discursos separatistas” y que el gobierno defenderá “la unidad de la patria” cumpliendo “con sus obligaciones constitucionales”, lo que podría implicar el uso de la fuerza contra Santa Cruz.
El también dirigente del MAS y de los cultivadores de hoja de coca Julio Salazar, dijo a periodistas al cabo de una reunión en la que participaron Morales y el vicepresidente Alvaro García, que “no se descarta un cerco” sobre Santa Cruz, en tanto que Ramírez adelantó que en las próximas horas se definirá una “estrategia” hacia las regiones.
El vocero de la principal fuerza opositora Podemos, José Aruquipa, responsabilizó al gobierno de los pedidos de independencia, “por atropellar las leyes”, particularmente en la Asamblea Constituyente, que debe escribir una nueva constitución. “Este peligro de división del país es responsabilidad absoluta del gobierno”, dijo a la AP.
En cuanto a la amenaza de cerco, indicó que “es una reacción preocupante por parte del Ejecutivo, que en lugar de pacificar al país exaspera y violenta aún más la situación regional y social con estas actitudes beligerantes”.El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz -considerado el gobierno moral de la región-, Germán Antelo, en declaraciones a la prensa dijo al respecto: “Los responsables de que hagan cosas así serán ellos, no nosotros”, a tiempo de confirmar la realización de cabildos deliberativos el viernes en los cuatro departamentos.
Los legisladores de Podemos dejaron el domingo la huelga de hambre, que realizan unas 2.000 personas contra el gobierno en todo el país reclamando que la nueva constitución se apruebe por dos tercios de la Asamblea Constituyente, al señalar que deben reorganizarse para ejercer una “resistencia pacífica” contra Morales.
El gobierno reconoció el fin de semana que ha enviado al menos 280 militares a Santa Cruz para reforzar las guarniciones del departamento, en un acto que ha sido calificado por los líderes cívicos como un intento de amedrentamiento y “militarización” del departamento.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, lanzó en una reunión con sus pares de los otros tres departamentos y de los dirigentes cívicos acusaciones de que quien gobierna en Bolivia es el mandatario venezolano Hugo Chávez, al que calificó de “sinvergenza”.
Exigió que Chávez no se siga inmiscuyendo en asuntos nacionales y rechazó declaraciones del gobernante de que la oligarquía boliviana quiere derrocar a Morales y que ante ello no se quedará “de brazos cruzados”, lo que fue entendido por la oposición como una amenaza de intervenir militarmente Bolivia.
Oficialismo y oposición, en la que el protagonismo ahora es de los comités cívicos y de prefectos no afines al MAS, están enfrentados después de que éste aprobó en la Asamblea un reglamento que le permite sancionar la nueva constitución con su mayoría simple. La oposición exige el voto de dos tercios de los 255 asambleístas.
