Tribunal Supremo Israelí autoriza con limitaciones los "asesinatos selectivos"

JERUSALÉN.- El Tribunal Superior de Justicia de Israel autoriza con limitaciones los "asesinatos selectivos" de activistas palestinos y no los prohíbe, según un ambiguo fallo emitido hoy sobre esa política oficial.

Las limitaciones a esas ejecuciones extrajudiciales, entre otras, son que no contradigan la legislación internacional, es decir que se justifiquen con el argumento de la legítima defensa propia, y que sean indemnizados los civiles inocentes afectados.

Un primer extracto del fallo, redactado por el presidente del Tribunal, Aharón Barak, fue dado a conocer esta mañana a la prensa después que hayan transcurrido seis años desde que fuera presentada una demanda contra el Poder Ejecutivo por la Comisión Pública de Israel contra la Tortura y la Organización no gubernamental Law (Ley).

En el fallo, los jueces coincidieron en que, "en principio, no todas esas ejecuciones extrajudiciales están prohibidas por la legislación internacional, pero tampoco están todas permitidas".

De momento, se desconocía todos los argumentos interpuestos en el complejo fallo.El ministro de Estado israelí, Gideón Ezra, un ex jefe de los Servicios Secretos de Seguridad General, reaccionó a las primeras informaciones en torno del fallo manifestando que de hecho "no ha cambiado en nada la política seguida por el Gobierno".

En el año 2000, cuando comenzó la segunda Intifada o levantamiento palestino en Gaza y Cisjordania contra la ocupación israelí, la Comisión Pública de Israel contra la Tortura y la Organización Law presentaron esa demanda contra la política de "asesinatos selectivos".

La demora hasta conocerse el fallo se debió a la sensibilidad en torno a ese método avalado por el Poder Ejecutivo y empleado por las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo, según la percepción de la "Intifada" en Israel y vista por los palestinos como una resistencia legítima contra la ocupación militar.

Las autoridades israelíes explican esa política destinada a eliminar a líderes y jefes de la rebelión como una solución que, "sin matar a civiles inocentes," pondría fin al terrorismo, sobre todo tratándose de palestinos considerados "bombas ambulantes".

En febrero de 2005, el Tribunal Supremo "congeló" el largo procedimiento debido a una declaración conjunta del entonces primer ministro israelí, Ariel Sharón, y del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, que debía poner fin a la violencia de parte de los dos bandos, y a esos asesinatos.

Ese entendimiento, que incluyó la posterior excarcelación de unos 500 prisioneros y presos comunes palestinos recluidos en Israel, fue hecha durante una reunión de ambos en la localidad egipcia de Sharm el Sheij.

Los magistrados decidieron en aquella fecha mantener en suspenso su fallo en torno de aquellos asesinatos a fin de observar si lo acordado por Sharón y Abás se llevaba a la práctica.

Los representantes de las entidades que recurrieron a ese Tribunal alegaron que en los años que transcurrieron desde que presentaron su demanda, las Fuerzas Armadas de Israel mataron a 284 activistas palestinos -entre jefes y dirigentes políticos- de la resistencia y, además, a otros 146 inocentes como consecuencias de los ataques "selectivos," generalmente por medio de la Fuerza Aérea.

Debido a la tardanza en expedirse los jueces, representantes de organizaciones de la izquierda israelí solicitaron recientemente al Tribunal Supremo que no demorara el dictamen.

Este es el último fallo del juez Barak, superviviente del Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial y máximo representante en los medios judiciales y universitarios del país, antes de acogerse a los beneficios de la jubilación.