BOGOTA.- Seis personas muertas y 12 heridas dejaron el domingo dos bombas que explotaron al paso de un vehículo en el que se desplazaba una patrulla de la policía por una calle del puerto marítimo de Buenaventura, el más importante de Colombia sobre el océano Pacífico, informaron autoridades.
La policía informó del ataque y atribuyó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla izquierdista del país. Este grupo mantiene en Buenaventura una lucha con grupos paramilitares de ultraderecha por el control de ese puerto, estratégico para el tráfico de drogas y de armas.
Buenaventura está ubicado en el departamento del Valle, 350 kilómetros al suroeste de Bogotá, y mueve la mayoría del comercio internacional del país.
El gobernador del departamento del Valle, Angelino Garzón, dijo que el hecho terrorista y criminal que sucedió en Buenaventura no produce sino dolor e indignación en la población y que hoy más que nunca hay que decir que es un hecho miserable, criminal, que violenta el sentimiento de paz.
De las seis víctimas fatales que dejaron las bombas, dos eran efectivos de la policía y los restantes cuatro civiles, incluido un menor de edad. Dos de estas personas perdieron la vida tras ser derivadas a distintos centros asistenciales.
Los heridos más graves fueron trasladados a clínicas y hospitales de la ciudad de Cali. Las explosiones provocaron daños materiales en varias edificaciones.
Buenaventura, una de las ciudades más violentas del país, registra altos niveles de pobreza y de desempleo, lo que ha sido aprovechado por los grupos armados ilegales y el narcotráfico para intentar hacerse del control de la terminal portuaria.
Colombia afronta un conflicto interno de más de cuatro décadas, que cobra miles de vidas al año. En medio de él, las fuerzas armadas del Estado combaten a la guerrilla y a escuadrones paramilitares que, a su vez, se enfrentan entre sí.
La guerrilla y los paramilitares obtienen del narcotráfico millonarios ingresos para financiar sus ejércitos irregulares.
Este país es considerado como el primer productor mundial de cocaína, con unas 640 toneladas anuales, pese a los esfuerzos del gobierno del presidente Alvaro Uribe que, con el apoyo de Estados Unidos, mantiene una lucha frontal contra el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares.
Pese a que más de 31.000 combatientes paramilitares entregaron las armas en medio de una negociación de paz con el gobierno, grupos de derechos humanos sostienen que han surgido nuevos escuadrones de ultraderecha vinculados con el narcotráfico.