QUITO.- Los poderes Ejecutivo y Legislativo de Ecuador iniciaron hoy miércoles contactos en busca de una vía de consenso para dar paso a reformas constitucionales, en un intento por poner fin al choque entre ambos y desalentar crecientes protestas callejeras.
El ministro del Interior, Gustavo Larrea, y el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, se reunieron en momentos en que la capital y otras urbes se han visto convulsionadas por protestas en apoyo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
"El diálogo va dirigido a buscar la paz y la tranquilidad del pueblo ecuatoriano. A desterrar de una vez por todas el caos y anarquía que últimamente estaba tomando al país", dijo Cevallos a periodistas tras la reunión.
El presidente Rafael Correa y el Congreso de 100 miembros mantienen una pugna por el mecanismo legal que se debe utilizar para la instalación de una Asamblea Constituyente, que busca cambiar las estructuras políticas del país andino.
La asamblea no está contemplada en la Constitución, pero ha capitalizado el descontento de la población con la clase política, a la que considera como responsable de la inestabilidad que ha caracterizado los últimos años, incluida la destitución de tres presidentes desde 1996.
Cientos de seguidores del mandatario han protagonizado violentas protestas en la última semana para exigir al Congreso y a la corte electoral la aprobación de la consulta popular sobre la instauración de la asamblea.
El martes un turba ingresó violentamente en el Congreso, lo que obligó a evacuar a los legisladores, en el punto más álgido de las protestas que son respaldadas por Correa, un nacionalista de 43 años.
"Más allá de las discrepancias que podamos tener, el país requiere vivir en convivencia pacífica. El gobierno garantiza el funcionamiento del Congreso", agregó Larrea.
Correa buscaba convocar a los ecuatorianos para que decidieran en las urnas sobre la instalación de la Asamblea, sin tomar en cuenta al poder legislativo, pero el plan del nacionalista paso a manos del Congreso.
El poder legislativo, que se ha convertido en la trinchera desde la que los partidos políticos intentan frenar o modificar los alcances de la reforma, ha rechazado la propuesta de una asamblea con plenos poderes por considerarla "autoritaria".
Los funcionarios evitaron pronunciarse sobre las concesiones que cada uno de los poderes estaría dispuestos a realizar para buscar un consenso y aplicar las reformas constitucionales.
