GINEBRA.- El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño recomendó hoy a Costa Rica que elabore un plan nacional para prevenir la explotación sexual de menores, que cuente con suficientes recursos, particularmente financieros y legales.
Al concluir hoy su primera sesión anual, en la que examinó los informes periódicos presentados por una decena de países, el Comité instó a las autoridades costarricenses a que combatan con políticas integrales la venta, prostitución y pornografía de niños.
Para ello, ve necesario que defina claramente cuál es la función de la Comisión Nacional para la Lucha contra la Explotación Sexual Comercial de Niños y Adolescentes.
En cualquier caso, los expertos se felicitan del establecimiento de ese órgano, así como de que participen en él organizaciones no gubernamentales, y de que Costa Rica haya ratificado la Convención contra el Crimen Organizado Trasnacional y sus correspondientes protocolos.
Entre sus recomendaciones, los expertos de la ONU también abogan por que las autoridades costarricenses recopilen datos sobre la situación de la infancia en el país, especialmente en lo relativo a la explotación sexual, la prostitución y la pornografía, con el fin de identificar las causas y la extensión de esos delitos.
En opinión de los expertos, Costa Rica también debería estudiar la posibilidad de formar parte de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y de sus Familias.
En lo que se refiere a la protección de las víctimas, los expertos instan a Costa Rica a que les garantice atención psicológica para facilitar su reintegración social y que se asegure que los profesionales que las atienden tienen una formación apropiada.
También reclaman que todas los niños víctimas de explotación sexual tengan acceso adecuado a sistemas de compensación, sin discriminación alguna.
En el ámbito de la prevención, el informe recoge sugerencias como continuar con las medidas para detener el aumento del turismo sexual, especialmente el que afecta a menores, y reforzar las sanciones previstas en esos casos.
Igualmente, pide más esfuerzos para erradicar el “cibercrimen” y la pornografía infantil en la red y una implicación por parte de los propios proveedores de servicios de internet, para lo que se debería aprobar una ley que les obligue a “prevenir en la medida de lo posible la propagación y el acceso a ese tipo de contenidos.”
