Correa da ultimátum para convocar a consulta en Ecuador

QUITO.- El Presidente Rafael Correa dio hoy un plazo de hasta cinco días al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se pronuncie sobre la convocatoria para una consulta popular, de lo contrario podría nombrar un "tribunal ad hoc".

"Esperaremos hasta el día miércoles o jueves y si no hay una respuesta actuaremos como nos impone el mandato popular", dijo el Mandatario durante una cadena radial.

"La consulta ya está convocada. El tribunal tiene que ejecutarla, y si el tribunal no la ejecuta, el Presidente (de la República) tiene todo el derecho de mandar a un tribunal ad hoc que organice la consulta", señaló Correa.

El día de su juramento, Correa firmó de inmediato un decreto para convocar a una consulta popular para que la ciudadanía apruebe o niegue la instalación de una asamblea constituyente de plenos poderes para redactar una nueva constitución y cambiar el sistema político del país.

El TSE remitió el pedido al Congreso para su aprobación tras considerar que el llamado conlleva reformas constitucionales y, por tanto, le corresponde a la legislatura su calificación previa.

Una mayoría de diputados, que se opone a la instalación de una asamblea de poderes absolutos, podría cerrar el paso a la consulta popular.

Correa insistió en que no implica que haya claudicado o pactado un acercamiento con el Congreso la semana pasada cuando su ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, se reunió con los jefes de los partidos políticos en busca de consensos.

"No vamos a permitir que el Congreso cuidando sus curules, sus puestitos, digan la asamblea no es de plenos poderes", añadió.

Promesa de campaña

Insistió en que su deseo es cumplir con su promesa de campaña de ir hacia una transformación profunda del Estado.

El mandatario lamentó que tengamos "una clase política corrupta, deshonesta", a la que acusó de intentar bloquear una consulta popular que a su criterio demanda el 90% de los ecuatorianos.

El Congreso se apresta a aprobar la consulta a la ciudadanía, pero plantea limitar los poderes de la eventual asamblea para que solo pueda redactar una nueva constitución y no disolver a ninguno de los poderes del Estado.

Correa ha manifestado en reiteradas ocasiones que no permitirá restricciones y ha puesto como ejemplo que si la asamblea lo considera, "podría mandarme a mi casa".