MADRID.- El ministerio español del Interior activó el nivel intermedio de alerta dos, del Plan de Prevención Antiterrorista, ya que mañana comienza el juicio a los 29 acusados por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Ese nivel de alerta supone la movilización de las Fuerzas de Seguridad del Estado para vigilar y proteger los lugares de alta concentración de personas, además de las grandes superficies comerciales, las infraestructuras de transportes, los acontecimientos deportivos y las áreas o edificios emblemáticos de las ciudades.
Además, cerca de 300 agentes policiales velarán por la seguridad en el lugar del juicio, el pabellón de la Audiencia Nacional situado en la Casa de Campo.
La investigación de los atentados del 11 de marzo instruida por el juez Juan Del Olmo advierte de que en España se mantiene el peligro de acciones terroristas.
El juicio que viene
Casi en vísperas del tercer aniversario, comenzará el juicio en una sala especial de la Audiencia Nacional, en la madrileña Casa de Campo, que contará con un habitáculo de cristal blindado, en el interior del cual comparecerán algunos de los imputados, diligencia que se calcula que se prolongará al menos cuatro meses.
En el banquillo de los acusados se sentarán quince marroquíes, nueve españoles, dos sirios, un argelino, un libanés y un egipcio, para quienes la Fiscalía pide unas penas que superan en total los 270.000 años de cárcel.
Un total de 191 personas murieron y casi 2.000 sufrieron graves heridas y secuelas en la explosión de cuatro trenes de cercanías repletos de trabajadores y estudiantes en plena hora punta matinal, muchos de ellos inmigrantes latinoamericanos, de países de Europa del Este y de Marruecos.
El atentado, atribuido a islamistas ligados a Al Qaeda que intentaron con el mismo responder a la presencia de tropas españolas en Irak en vísperas de las elecciones generales, conmocionó hondamente a la sociedad española, que se volcó a las calles en manifestaciones multitudinarias para condenarlo y exigir su esclarecimiento.
Tres días después, el 14 de marzo de 2004, el conservador Partido Popular, en el Gobierno, perdió las elecciones frente al opositor Partido Socialista después de tres tensas jornadas en las que el Gobierno implicó directamente a la banda terrorista ETA en un primer momento.
José María Fuster-Fabra, responsable jurídico de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, considera que en el juicio "no se podrá saber toda la verdad, porque una parte se la llevaron consigo los suicidas de Leganés (los terroristas que se quitaron la vida al estar rodeados por la Policía en un piso de esa localidad madrileña), pero sí se sabrá la parte esencial de la verdad".
Para Pilar Manjón, presidenta de dicha Asociación y madre de una de las víctimas, un joven estudiante que viajaba en uno de los trenes, el juicio "es la primera llegada de una carrera de fondo que empezamos hace tres años y es un paso importante".
Agregó que para las víctimas "es un difícil recorrido que va entre la desesperación y la esperanza", y los psicólogos siguen detectando "mucho dolor, mucha rabia, sentimientos de impotencia y mucho miedo".
