Políticos y uniformados, afectados por vínculos paramilitares en Colombia

BOGOTA: Hasta el momento, el proceso ha provocado la detención de ocho congresistas  de la bancada oficialista, entre ellos el senador Álvaro Araújo, hermano de la  hasta hace una semana canciller María Consuelo Araújo.

Uno más se encuentra prófugo y las autoridades solicitaron a la Policía  Internacional (Interpol) su captura. La Fiscalía ordenó también la detención de 7 alcaldes, seis del  departamento de Casanare (este) y uno del Atlántico (norte).

El ex director del servicio de Inteligencia (DAS), Jorge Noguera, fue capturado el pasado jueves por la Fiscalía, por presuntos nexos con las  paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De igual manera, la Fiscalía adelanta una investigación avanzada contra 80 militares y 25 policías, unos activos y otros en retiro, por nexos con las  organizaciones ilegales. El comandante de una brigada del sur del país, coronel Hernán Mejía, fue  suspendido de su cargo, y es investigado por vínculos con el ex jefe  paramilitar, Rodrigo Tovar (alias 'Jorge 40').

El desmovilizado líder de las AUC, Salvatore Mancuso, reveló que al menos  cinco brigadas del ejército apoyaron a esas organizaciones, y sindicó  directamente a dos de sus comandantes.

A su vez, los gobernadores de los norteños departamentos de Cesar, Hernando  Molina, y de Magdalena, Trino Luna, son indagados por las mismas causas de los  anteriores. Otros dos ex gobernadores también se encuentran implicados en el  proceso.

Seis congresistas que firmaron un pacto con las AUC para tomarse el poder,  se encuentran a la espera de que la Corte Suprema de Justicia les decida su  situación jurídica.

Un estudio de la privada Corporación Arco Iris, denunció que al menos 19  congresistas obtuvieron en las elecciones del 2002 una votación atípica, al  parecer producto de presiones de los grupos paramilitares.

Dentro del proceso, la Corte también llamó a declarar a 60 personas entre  ellas un candidato presidencial, ex congresistas y ex funcionarios. En algunos  casos, aclaró el tribunal, se trata de obtener testimonios que han sido  solicitados por los parlamentarios investigados, en calidad de prueba.