Unicef denuncia que reforma penal en Panamá violará los Derechos del Niño

PANAMÁ.- La Oficina Regional de UNICEF para América Latina y Caribe denunció que si el Gobierno de Panamá endurece las leyes penales contra la adolescencia violará la Convención sobre Derechos del Niño (CDN), informó hoy ese organismo.

En un comunicado en la página electrónica del Comité Español del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el director regional, Nils Kastberg, advierte que la intención de penalizar y tratar a los adolescentes infractores "como si fueran adultos" es una flagrante violación a la letra y el espíritu de la Convención (concretamente los artículos 37 y 40).

Kastberg, cuya oficina está en Panamá, "ha manifestado su firme oposición a las modificaciones que el Gobierno de Panamá pretende realizar a la ley sobre Responsabilidad Penal de la Adolescencia", apunta la misiva del funcionario.

Esta modificación se opone a los principios que establece la CDN, firmada y ratificada por Panamá en 1990, cuando trata de equiparar el sistema de justicia penal para adultos y la justicia penal adolescente, agrega.

"La CDN y UNICEF no están de acuerdo con una política de mano dura, ni de mano blanda, pero sí con una política de mano justa y sabia. El Estado y la sociedad panameña tienen el deber de garantizar el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes para que conjuntamente con los adultos contribuyan al futuro del país con democracia y justicia para todos", dice Kastberg.

Añade que el propio Gobierno de Panamá ha reconocido que la delincuencia juvenil no constituye un problema serio en su país, ya que la mayor parte de los crímenes son cometidos por adultos.

"Según estadísticas oficiales, de cada diez delitos, nueve son cometidos por adultos y sólo uno por adolescentes. En el caso de delitos graves (homicidio, violación, secuestro, tráfico ilícito de drogas, robo y lesiones personales) de cada cien delitos, 98 son cometidos por adultos y solamente dos por adolescentes", señala.

UNICEF sostiene que estas cifras no responden, por lo tanto, a una espiral ascendente de delitos perpetrados por adolescentes, sino a una estigmatización y criminalización de los mismos.

Según la CDN, los Estados deben contar con un sistema de justicia especializado, flexible y diverso para juzgar a personas menores de 18 años, porque están en desarrollo y no han tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en la que viven. Medidas como el aumento de las penas hasta doce años de cárcel, además de violar los derechos de los adolescentes, no solucionarán el problema de violencia que quiere enfrentar el país, advierte.

Kastberg reflexiona que la violencia y la criminalidad están estrechamente ligadas a la inequidad, la exclusión social y la falta de oportunidades.

Por su parte, la no gubernamental Alianza Ciudadana Pro Justicia alertó que la reforma, que empezará a discutirse el próximo lunes por la Asamblea Nacional, incluye que "los informes de novedad y los formatos de captura de los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Técnica Judicial, se entenderán rendidos bajo la gravedad de juramento y se tendrán como diligencias del sumario".

La directora ejecutiva de la Alianza, Magali Castillo, advierte que "esto no sólo se le aplica a los pandilleros, sino que se nos puede aplicar a cualquiera de nosotros, ya que es la reforma al artículo 2041 del Código Judicial".

Añade también que preocupa la reforma al artículo 1099 del Código Administrativo para darle más poderes a los corregidores (autoridades locales de policía muchas veces sin formación legal) para ordenar registros indiscriminados con la justificación de perseguir el delito.

El gobierno alega que, además de endurecer las penas, incluirá por primera vez un programa millonario de resocialización de los menores delincuentes.