SANTIAGO.- La sección chilena de Amnistía Internacional (AI) comenzó hoy una campaña mundial por la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori a su país, al tiempo que familiares de las víctimas de su régimen pidieron a la Justicia chilena que acelere el proceso.
"Aspiramos a una pronta decisión sobre la extradición de Fujimori a Perú, o en su defecto, en base al derecho internacional, que sea juzgado en Chile", dijo el director ejecutivo de la oficina de AI en Santiago, Sergio Laurenti.
"Si el juicio es en Chile, esperamos que sea un juicio justo, que él negó a sus víctimas", añadió en una conferencia de prensa junto a familiares de las víctimas peruanas y representantes de organismos humanitarios.
Laurenti afirmó que el Estado chileno debe garantizar que Fujimori no evada la Justicia.
La campaña "Fujimori: acciones contra la impunidad" abarca desde manifestaciones públicas hasta foros, exposiciones y seminarios en universidades.
Según Laurenti, AI busca sensibilizar a la opinión pública chilena para que exija la extradición del ex Presidente, pedida por el Estado peruano por dos casos de violaciones a los derechos humanos y diez de corrupción.
En la campaña participarán las oficinas de AI en Argentina, México, Perú, Paraguay, Uruguay y Bélgica, países donde se convocarán manifestaciones a favor de la extradición frente a las embajadas de Chile.
Los familiares de las víctimas de la represión del régimen de Fujimori, que llegaron hoy desde Perú, permanecerán hasta el 18 de abril en Santiago para seguir el proceso de extradición, que está en una etapa avanzada.
"Esperamos que Chile haga justicia, existen razones suficientes para extraditarlo, queremos remover la conciencia de los chilenos porque éste es un caso ejemplar de lucha contra la impunidad", afirmó Gisella Ortiz, dirigente de los familiares de las víctimas peruanas.
Aseveró que el Gobierno chileno "protegió a Fujimori y lo acogió como si fuera responsable de delitos menores y no lo expulsó de inmediato", y afirmó que este país "tiene la responsabilidad de que Fujimori no huya".
Por su parte, el ex candidato presidencial chileno Tomás Hirsch, indicó que Chile "no puede convertirse en refugio de criminales".
El jurista español Antonio Doñate, dirigente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, destacó que los familiares de las víctimas llevan más de 15 años en Perú esperando una justicia "que no puede demorar más".
Tras la conferencia de prensa, familiares y dirigentes se manifestaron frente a los Tribunales de Justicia, donde Ortiz y Doñate fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia.
A la salida, Ortiz aseguró que Tapia les manifestó que en lo personal consideraba que Perú debía juzgar a Fujimori y no Chile.
Fujimori está en Chile desde noviembre de 2005, cuando llegó desde Japón, país donde vivió desde que renunció a la presidencia de Perú el año 2000.
Poco después de su llegada fue detenido a petición de las autoridades peruanas y después de seis meses, el 18 de mayo pasado, obtuvo la libertad provisional, aunque con una orden de arraigo que le impide abandonar Chile.
Se espera que el proceso, que está a cargo del juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez, termine en pocos meses.
La fiscal del máximo tribunal, Mónica Maldonado, encargada de emitir un primer informe sobre si procede o no la extradición del ex Mandatario peruano, ha señalado que este documento estará listo probablemente el 23 de abril.
