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Santiago: Miércoles 04 de diciembre del 2024 | Actualizado 00:35
EL CAIRO.- El ministerio del Interior egipcio ha declarado el estado de alerta para garantizar la seguridad del país después de los atentados terroristas que se registraron en los últimos días en Marruecos y Argelia.
"Las oleadas de terrorismo en la región eran previsibles y coinciden con nuestra evaluación de la situación de seguridad,” afirmó el ministro del Interior egipcio, Habib al Adli, en alusión a los ataques perpetrados en los países del Magreb.
Según las declaraciones de Adli, recogidas hoy por la prensa egipcia, los “intensos esfuerzos” del cuerpo de seguridad seguirán adelante para lograr “abortar con antelación los intentos de reavivar las actividades de las organizaciones salafistas y desmantelar los focos de los radicales”.
En una reunión mantenida ayer con dirigentes del ministerio del Interior, Adli insistió en la importancia de que la policía se mantenga en alerta y aplique con precisión los planes destinados a garantizar la seguridad del país.
Desde el once de marzo, siete presuntos terroristas han muerto y dos han sido detenidos en distintos sucesos -la mayor parte de ellos en atentados suicidas- en la ciudad marroquí de Casablanca.
En Argel, al menos diecisiete personas murieron y casi cien resultaron heridas el pasado 11 de abril en dos atentados perpetrados con coche bomba.
Egipto no ha sufrido atentados terroristas desde hace ya un año, pero entre 2004 y 2006 grupos terroristas de inspiración islámica perpetraron tres atentados contra intereses turísticos en la península egipcia del Sinaí.
En octubre de 2004, un atentado contra hoteles y centros de ocio en Taba dejó 34 muertos, y en julio del 2005, un triple atentado en Sharm El Sheij acabó con la vida de alrededor de 60 personas.
El último de los ataques terroristas en el Sinaí ocurrió en abril del año pasado en Dahab con tres atentados contra lugares turísticos, que causaron la muerte de 18 egipcios y cuatro extranjeros.
La persistencia del terrorismo, aunque sea ya ocasional, hace que el Gobierno justifique la vigencia de la restrictiva Ley de Emergencia, si bien ha anunciado que en breve promulgará una ley antiterrorista que los grupos defensores de derechos humanos ya han denunciado porque estiman que conculcará numerosos derechos individuales.
