LIMA.- El Congreso de Perú otorgó al Gobierno del presidente Alan García poderes para promover leyes contra el tráfico ilícito de drogas, terrorismo y lavado de dinero, entre otros delitos, en el contexto de una anunciada guerra contra el narcotráfico y la inseguridad.
En una sesión en la noche del jueves, el Congreso peruano concedió al Ejecutivo facultades legislativas durante 60 días, con 49 votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.
Legisladores opositores de Unión por el Perú y el Partido Nacionalista abandonaron el hemiciclo antes de votar para mostrar su desacuerdo.
"Saludo la decisión del Congreso, es un paso positivo, una decisión trascendental y los decretos legislativos saldrán de inmediato", dijo el Primer Ministro peruano, Jorge del Castillo, a la agencia estatal Andina.
"Tenemos un equipo de profesionales de primer nivel y además el Congreso siempre puede hacer el control constitucional a cada decreto legislativo", agregó.
Las facultades legislativas fueron concedidas en medio de fuertes protestas de cocaleros en el centro del país, quienes esta semana bloquearon carreteras y se enfrentaron a la policía, exigiendo el fin de la política estatal de erradicación de cultivos ilegales y con presunto apoyo de narcotraficantes.
El Gobierno de Alan García anunció en abril una política de "tolerancia cero" contra el narcotráfico, una actividad que actúa en combinación con remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, según datos de la policía.
Perú es el segundo mayor productor mundial de cocaína después de Colombia.
Un 45 por ciento de los limeños considera que la falta de avance en la seguridad ciudadana es el aspecto más negativo de la gestión de García, según una encuesta de la firma Apoyo Opinión y Mercado realizada en enero.