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Santiago: Viernes 22 de noviembre del 2024 | Actualizado 01:05
LIMA.- Por pedido del Presidente peruano, Alan García, el Congreso de ese país entregó al Poder Ejecutivo facultades especiales para legislar por 60 días en temas relacionados con narcotráfico, terrorismo, secuestro y crimen organizado.
La decisión fue aprobada anoche por 49 votos a favor y siete en contra, de 56 congresistas presentes, y de un Parlamento integrado por 120 miembros.
Por medio de la resolución, el Poder Ejecutivo podrá emitir y reformar normas y leyes como lo hace el Congreso en asuntos relacionados con seguridad, sin que sean aprobadas o revisadas por los parlamentarios.
La resolución, que ha desatado la polémica en el área política en el país por cuanto se entregan poderes del Congreso al poder central, se hará efectiva mañana con la publicación de la norma en el diario oficial El Peruano.
El Presidente Alan García desea poner "mano dura" al narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen organizado, seguridad ciudadana, trata de personas y pandillaje, porque la actual legislación es deficiente y necesita ser reformada.
Políticos de oposición y organismos de derechos humanos habían presentado observaciones al proyecto, al advertir que esto entrega demasiada autonomía al Presidente, y deja de lado la capacidad de cogobierno del Congreso y del Poder Judicial, como plantea la Constitución.
De hecho, un grupo de 22 legisladores -entre ellos los nacionalistas, afines al ex candidato presidencial Ollanta Humala- se retiró del salón de sesiones como protesta a la moción, y no votó por la iniciativa.
"Esto es un gran apoyo para la seguridad del Estado, para colocar mayores sanciones a narcotraficantes y para corregir errores (...) Todo lo que se hará será para el bien del Perú", dijo hoy el presidente del consejo de ministros, Jorge del Castillo, al felicitar a los congresistas que aprobaron el proyecto.
Juvenal Ordóñez, del Partido Unión por el Perú -nacionalista y opositor-, calificó la votación como "una traición" al propio Congreso, y dijo que lo aprobado le resta poder al Parlamento.
"El Congreso es el encargado de legislar, no el Presidente, no los ministros", dijo.
Varios legisladores, entre ellos Javier Bedoya, de Unidad Nacional -que votó a favor de la propuesta-, dijeron que serán severos en la fiscalización de las normas que emita en esos 60 días el Poder Ejecutivo.
La decisión coincide con el pedido de García de poner "mano dura" a las protestas de cocaleros que van en su undécimo día, en demanda de la suspensión de la erradicación de cocales por parte del gobierno.
García dijo que "pasará por encima" de estos grupos, a los que acusa de estar vinculados con el narcotráfico.
