Tener amantes les podrá costar el cargo a los funcionarios chinos

PEKÍN.- Tener amantes, abandonar a la familia, organizar "reuniones supersticiosas", o tomar drogas, podrá costarle el cargo a los funcionarios chinos con la nueva legislación que entrará en vigor el próximo 1 de junio.

Según publica hoy la prensa local, el Gobierno chino divulgó ayer la nueva ley de 55 artículos, destinada a que los funcionarios desempeñen sus labores de acuerdo con la ley y "a consolidar la posición dirigente del Partido Comunista de China (PCCh)", dijo Qiu Wanxiang, viceministro de Supervisión.

"Los funcionarios deben ser modelos de moralidad y tener altos estándares morales", comentó a la agencia oficial de noticias, Xinhua, Chu Huaizhi, catedrático en la Escuela de Leyes de la Universidad de Pekín, para quien la legislación demuestra que "el Gobierno escucha a sus ciudadanos".

Explicó que tener una amante no sólo es una falta de conducta sino un estímulo para la corrupción "ya que los funcionarios se aprovechan muchas veces de su poder para beneficiar a sus queridas".

Sin embargo, algunos críticos creen que castigar las relaciones extramatrimoniales, una costumbre bastante extendida entre los hombres chinos, y heredera de la larga tradición de concubinato, podría ser un arma para deshacerse de rivales políticos, publicó hoy el diario "South China Morning Post".

Entre los casos más sonados de corrupción de los últimos tiempos en el país asiático, muchos han incluido "líos de faldas", como el de Qiu Xiaohua, expulsado de su cargo como director del Buró Nacional de Estadísticas, por aceptar sobornos, llevar una vida licenciosa, y practicar la bigamia.

La nueva ley incluye otros comportamientos que podrían costar su cargo a los funcionarios: no cuidar de sus mayores, involucrarse en el comercio sexual, no hacer su trabajo en accidentes, desastres, contaminación medioambiental y "protestas de las masas".

Además, no informar "de manera oportuna" sobre grandes accidentes, desastres y casos criminales, violar la política de un solo hijo, destruir cartas de quejas de los ciudadanos, vengarse de los denunciantes, maltratar físicamente, o detener ilegalmente a ciudadanos.

"Los empleados públicos que infrinjan la reputación del Estado, organicen o participen en reuniones o manifestaciones contra el Estado, o en organizaciones ilegales, y violen las políticas nacionales sobre religión, serán también reprendidos, degradados o despedidos", añade la nueva regulación.

No precisa, sin embargo, quién se encargará de aplicarla.

Las nuevas regulaciones refuerzan una legislación aprobada en 1988 que establecía castigos para funcionarios implicados en escándalos de corrupción, como aceptar sobornos.