MADRID.- Una jueza española embargó bienes inmuebles y cuentas bancarias avaluadas en 7,7 millones de dólares a la ex Presidenta de Argentina María Estela Martínez Cartas, de 75 años, más conocida como Isabelita Perón.
La magistrada Pilar Saldaña, titular de un juzgado de la localidad madrileña de Móstoles, adoptó esta resolución atendiendo a una demanda interpuesta en 2003 por la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos (Funpaz).
Esta fundación le reclama a Isabelita Perón 7.758.747 dólares, más los intereses generados durante varios años, en la causa abierta para determinar el futuro de parte del legado del ex Presidente argentino Juan Domingo Perón.
En el auto judicial, fechado el 5 de mayo pasado, la magistrada acuerda el "embargo preventivo de bienes de María Estela Martínez Cartas y, en concreto, de la vivienda y muebles" que tiene Isabelita en una urbanización de Villanueva de la Cañada (Madrid).
Asimismo, señala el embargo preventivo de "depósitos bancarios y saldos favorables que arroje" la cuenta de la que es titular en el Banco Central Hispano, "hasta cubrir la cantidad de 7.758.747 dólares".
Según el auto judicial, está "probado" que Isabelita "tiene en la actualidad dos expedientes gubernativos de extradición abiertos por delitos de detención ilegal, torturas, asociación ilícita y homicidio".
Isabelita Perón afronta en España un procedimiento judicial de extradición, solicitada por Argentina para ser juzgada por delitos de detención ilegal y torturas cometidos durante el tiempo que fue Presidenta (1974-1976).
La ex Presidenta fue detenida el 12 de enero pasado en las afueras de Madrid, donde permanece en régimen de libertad condicional y a la espera del juicio de extradición.
El escrito de la jueza apunta que "de la índole de delitos por los cuales se ha solicitado la extradición de María Estela Martínez Cartas, podrían resultar responsabilidades económicas de la misma, que disminuirían o incluso harían desaparecer" su "patrimonio, haciendo imposible o sumamente dificultosa la sentencia condenatoria que pudiera recaer en su día en este procedimiento".
María Estela Martínez Cartas no acudió a declarar a la audiencia fijada el 12 de marzo pasado para determinar el posible embargo judicial, adoptado ahora.
En esa fecha, su abogado presentó un documento que acredita su nacionalidad española, negó conocer que existieran las peticiones de extradición y excusó la incomparecencia de la demandada "por padecer problemas psiquiátricos y sicóticos, al presentar un cuadro de bipolaridad en su personalidad".
Consultado el abogado de Funpaz, Vicente Navarro, confirmó estas informaciones y agregó que el objeto de la demanda "es recuperar bienes muebles del patrimonio familiar donados a esta institución por la viuda de Perón en la memoria de su fallecido esposo".
Funpaz tiene previsto destinar estos bienes a la realización de programas solidarios de ayuda humanitaria, "tal como en su hora lo manifestaron Perón y Evita".
La cantidad reclamada tiene su origen en la suma de 6,2 millones de dólares que, "según la prueba documental, percibió María Estela por parte de la República Argentina, durante el Gobierno de Carlos Menem, y de 1,5 millones de dólares en concepto de un automóvil exclusivo regalado en 1974" a Juan Domingo Perón.
El caso se juzga en la localidad madrileña de Móstoles por ser cabeza judicial de la población donde reside la ex Presidenta argentina.