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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 23:47
LA PAZ.- El Congreso de Bolivia emitió hoy una orden de detención contra cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional (TC), por no haberse presentado a dar una declaración sobre una demanda planteada por el Presidente Evo Morales.
La orden fue emitida por el Comité del Ministerio Público y de Policía Judicial de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, René Martínez del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que es una consecuencia de la inasistencia de los magistrados a la audiencia.
La presidenta del TC, Elizabeth Iñiguez, y los magistrados Martha Rojas, Artemio Arias y Walter Raña llegaron a La Paz desde la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial, pero no se presentaron porque pidieron una suspensión de la audiencia que no fue considerada ya que, según Martínez, no cumplía con los procedimientos debidos.
Ellos están acusados por el Presidente Morales de emitir un fallo político más que jurídico, al haber ordenado cesar en sus funciones a cuatro magistrados de la Corte Suprema que el Jefe de Estado había designado por decreto en diciembre pasado.
Hace diez días, Morales planteó ante el Congreso una demanda de juicio de responsabilidades, lo cual desató un agrio enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
El diputado Martínez señaló que el Comité, "lamentablemente", tuvo que emitir una orden de aprehensión contra los magistrados, pero que esa decisión cumple con un "estricto apego" a los procedimientos establecidos para los juicios de responsabilidades.
Con las órdenes de apremio firmadas, la policía puede detener a los magistrados para obligarlos a comparecer ante el Comité del Ministerio Público, que tomará sus declaraciones informativas.
La Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura solidarizaron en días pasados con los magistrados del Tribunal Constitucional que emitieron el fallo cuestionado por Morales.
Según el TC, la designación de los cuatro miembros de la Corte Suprema fue constitucional porque el Congreso estaba en receso, pero un nombramiento interino de ese tipo sólo puede tener una vigencia de 90 días, es decir, hasta fines de marzo pasado.
Morales considera que la decisión del TC ha obstaculizado el enjuiciamiento del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que reside en Estados Unidos y está acusado de genocidio por la represión de unas protestas populares en octubre de 2003 que dejaron 63 muertos.
