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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 14:29
BRASILIA.-La justicia brasileña autorizó este martes a la Policía Federal (PF) a transferir al chileno Rafael Maureira Trujillo a un presidio de seguridad máxima, donde aguardará una decisión judicial sobre las acusaciones por pedofilia en su país, según un comunicado oficial.
"La transferencia podrá ser hecha a Campo Grande (capital del Estado de Mato Grosso do Sul, oeste) o Catanduvas (Paraná, sur), dependiendo de la disponibilidad de lugar", señaló el comunicado de la Cuarta Región de la Justicia Federal de Florianópolis (sur), en base a decisión de la jueza Ana Cristina Kramer.
"Zakarach" Maureira, de 50 años y condenado a 20 años de prisión en Chile, fue arrestado por la PF el viernes pasado en esa ciudad brasileña, capital del Estado de Santa Catarina, a pedido de la Policía chilena.
La detención del acusado de pederastía se dio tres meses después de fugarse en Santiago gracias a un frágil sistema cautelar. En su país esperaba la confirmación de una condena de 20 años por la violación de una menor de 12 años y por liderar la red de pornografía infantil con conexión internacional.
La jueza Kramer hizo también una consulta formal este martes al Supremo Tribunal Federal (STF) sobre el carácter del caso, para definir si se trata de una deportación o una extradición, informó el tribunal.
"Según la jueza, el hecho de haber sido condenado por un delito en otro país podría hacer que una eventual deportación tuviese el efecto de una extradición, lo que no es permitido por la ley brasileña", indicó.
La jueza Kramer recibió este martes en Florianópolis la visita del embajador de Chile en Brasil, Alvaro Diaz Pérez, según voceros del tribunal, que no informaron los temas tratados. El gobierno chileno ya admitió que pidió su deportación.
En Brasilia, el ministerio de Justicia, consultado por la AFP, informó que Maureira se encontraba en Brasil en situación ilegal, pero que el caso se encaminaba hacia un proceso de extradición.
"Solo cabe la extradición y para eso es necesario que el gobierno chileno formalice el pedido", dijo la fuente del Ministerio de Justicia.
Un proceso de extradición supone un plazo mínimo de seis meses, según el Supremo Tribunal.
