MANILA.- Unos mil activistas de distintos grupos opositores de izquierda se concentraron hoy en una popular plaza de la capital filipina para protestar contra la entrada en vigor de la nueva legislación antiterrorista, informó la televisión local GMA.
Los manifestantes iniciaron una marcha en la Universidad de Santo Tomás que culminó en la Plaza de Miranda, en el distrito manileño de Quiapo, donde advirtieron de que la nueva ley, que entrará en vigor el próximo domingo, podrá servir para justificar más asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones de los derechos humanos.
Entre las organizaciones que tomaron parte en el acto de protesta estuvo el partido político legal y con representación parlamentaria Bayan Muna (Pueblo Primero), según la misma cadena.
La fuerza de izquierdas sostiene que más de 70 de sus activistas han sido ejecutados desde enero de 2001, cuando asumió el poder la actual presidenta, Gloria Macapagal Arroyo.
Por otra parte, el Ejército filipino desplegó el martes un centenar de soldados en algunos barrios pobres de Metro Manila para informar a los vecinos sobre la actividad de los rebeldes comunistas en previsión de posibles movilizaciones con motivo de la entrada en vigor el domingo de la ley antiterrorista.
La medida se produjo a pesar de que desde su fundación hace cuatro décadas, la guerrilla del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) opera casi exclusivamente en las áreas rurales del país, y sólo en contadas ocasiones en los núcleos urbanos, siguiendo su estrategia maoísta de “rendir las ciudades desde el campo2.
Grupos opositores, algunos parlamentarios y hasta miembros de la influyente jerarquía católica han criticado en las últimas semanas la nueva legislación inspirada en la “Patriot Act,” promovida en Estados Unidos por la Administración de George W. Bush.
La ley ampliará el plazo para retener sin cargos a sospechosos de actos de terror, incrementará algunas penas hasta los 40 años de cárcel y calificará de terrorismo a cualquier acto cuya meta sea "crear un estado de miedo y temor extendido a toda la población para obligar al Gobierno a ceder ante una demanda ilegítima2.
Esa definición tan amplia, aseguran los críticos de la iniciativa, llevará a todavía más arrestos indiscriminados y acoso contra quienes no apoyen las políticas de Arroyo en un país donde bajo su mandato ya han sido asesinadas cerca de 900 personas por este motivo, según varias ONG, aunque la Policía admite poco más de un centenar de muertes “políticas".
Las organizaciones de derechos humanos sostienen que estas muertes forman parte de una estrategia premeditada dentro de la lucha contra la insurgencia comunista del NEP y que identifica como miembros de la guerrilla a cualquier militante de izquierda, sindicalista o defensor de la reforma agraria, entre otros.
Filipinas es un fuerte aliado de EEUU en la lucha contra el terrorismo internacional y fuerzas estadounidenses colaboran con el Ejército filipino en operaciones antiterroristas en el sur del archipiélago.