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Santiago: Viernes 22 de noviembre del 2024 | Actualizado 01:05
NUEVA DELHI.- El uso extendido de pruebas ilegales que determinan el sexo de un nonato está disparando los casos de feticidio femenino en India, según informaron hoy martes activistas sociales y funcionarios.
Los test para determinar el sexo del bebé por medio de métodos como las ecografías o la amniocentesis están prohibidos en India, pero aún así no es extraño que en algunas regiones donde existe una profunda predilección por los varones se asesine a los fetos femeninos.
A consecuencia de esto, el Gobierno indio informó que en los últimos 20 años cerca de 10 millones de niñas han sido asesinadas por sus padres, ya sea antes o inmediatamente después de nacer.
"La selección del sexo ha sido el principal culpable de que descienda la natalidad femenina en el país", manifestó Pravir Krishna, funcionario del Ministerio de Salud, en un encuentro sobre el papel de las pruebas de selección de sexos en la muerte de los fetos femeninos.
"La tecnología nos ha dado muchos beneficios, pero este es un aspecto de la tecnología que nos ha dado un serio problema", agregó Krishna.
El mes pasado, la policía descubrió 30 bolsas de polietileno que contenían partes del cuerpo de fetos femeninos y bebés recién nacidas en un pozo abandonado cerca de una clínica en el este de India, lo que encendió la chispa de la polémica.
En la mayor parte del país, mucha gente considera que los varones traen "un pan bajo el brazo" y que cuidarán de sus padres al crecer, pero ven a las niñas como una carga por la que tendrán que pagar costosas dotes para casarlas.
Desde 1980
Desde que la tecnología para monitorear la salud de un feto llegó a India en la década de 1980, muchas clínicas y hospitales la han empleado de forma indebida para determinar el sexo del nonato, a petición de las parejas.
Si el feto resulta ser el de una niña, las madres suelen abortar.
Un censo realizado en el 2001 halló que había 927 niñas por cada 1.000 niños en la franja etaria de menores de seis años, frente a las 945 de 1991.
Los activistas sociales consideran que las autoridades fueron demasiado lentas en la implementación de una legislación que entró en vigencia en 1996 y que establece penas irrisorias para quienes la infringen.
Los funcionarios dijeron que planean enmendar la ley para fijar penas más severas, elevando los cargos de tres a cinco años de prisión y la multa máxima de 10.000 a 50.000 rupias (de unos 240 a 1.215 dólares).
