Primera sentencia contra Alberto Fujimori estaría lista en menos de un mes

LIMA.- El ex Presidente peruano Alberto Fujimori tendrá una primera sentencia en menos de un mes, según calcularon hoy fuentes del Poder Judicial, debido a lo avanzado que está el proceso en el caso del allanamiento ilegal a una casa del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Las fuentes, citadas por medios locales de prensa y cuyos cálculos coinciden con los de la Fiscalía y la Procuraduría, recordaron que en esa causa faltan casi sólo los descargos de Fujimori, parte de los cuales ya fueron tomados durante la visita que le hizo el sábado el juez instructor, Guillermo Urbina.

Si en los tribunales se prueba que el entonces Presidente incurrió en usurpación de funciones y abuso de autoridad, la condena podría ser de siete años de cárcel, que es lo que exige la Fiscalía.

Según observadores, Fujimori tiene todo en contra en ese asunto, pues tanto el entonces ministro del Interior, Fernando Dianderas, como el entonces jefe de la Policía, Federico Hurtado, y el "falso fiscal" Manuel Ubillús, lo señalan como quien ordenó la operación.

El 7 de noviembre de 2000, después de que Fujimori rompiera relaciones con Montesinos, un destacamento de la Policía encabezado por un supuesto fiscal llegó hasta la casa de la esposa del ex asesor, Trinidad Becerra, y se llevó una gran cantidad de maletas, que contenían sobre todo cintas de video.

Las posteriores investigaciones determinaron que el allanamiento no cumplió con ningún requisito legal y que el supuesto fiscal, Ubillús, era en realidad un coronel de la Policía con funciones en Palacio de Gobierno.

Según las presunciones, mediante esa operación Fujimori se apoderó de videos grabados por Montesinos que supuestamente lo comprometen. Las especulaciones añaden que el ex Mandatario se llevó esos materiales consigo cuando huyó hacia Japón simulando un viaje de Estado, lo que explica que haya partido con más de 60 maletas, según se notó ese día.

El caso del allanamiento es por el que la Fiscalía pide una pena menor entre aquellos por los que la Justicia de Chile autorizó la extradición. La sanción mayor exigida es de 30 años de cárcel por dos masacres en que murieron 25 personas. En el Perú las penas no son acumulables.

El procurador anticorrupción, Carlos Briceño, calcula que todos los juicios podrían estar con fallo en cuatro meses, aunque otros observadores creen que se prolongarán por más tiempo.