Si bien en el Palacio de La Zarzuela las protestas no se interpretarían como una afrenta directa contra la persona del rey Juan Carlos, serían consideradas como un "ataque a la unidad de España y a la Constitución".
ReutersMADRID.- Las protestas en contra de la monarquía en España y la quema de retratos del rey Juan Carlos protagonizadas por jóvenes independentistas catalanes están resultando cada vez más preocupantes para el gobierno, la propia Casa Real y los sectores que defienden a la Corona como símbolo de la unidad del país.
Ante el cariz que están tomando los acontecimientos, el Presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó la atención y exhortó a la fuerzas políticas catalanas a "hacer un mensaje esencial" para frenar esas protestas contra el jefe de Estado.
"Uno se puede manifestar y ejercer la libertad de expresión sin traspasar el límite de lo ofensivo. Debemos ser respetuosos con la ley y con la actuación de las instituciones para hacer respetar la ley", sentenció Zapatero.
En la misma línea, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, manifestó hoy que el futuro de la monarquía en España es "bueno, inmejorable", y recalcó que el gobierno da al rey "todo el apoyo que pueda necesitar".
La Casa Real no permanece indiferente a los acontecimientos, de momento minoritarios. Allí también reina la preocupación, si bien las protestas no se interpretan como una afrenta directa contra la persona del rey Juan Carlos, sino más bien como un "ataque a la unidad de España y a la Constitución", según fuentes del Palacio de La Zarzuela citadas hoy por el diario "El Mundo", y que rehusan hacer un análisis político más profundo al considerar que eso compete al gobierno y a los partidos.
En medio de este panorama, Federico Jiménez Losantos, un conocido y polémico locutor de la cadena radiofónica COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal, incluso llamó al rey a abdicar en favor de su hijo, el príncipe Felipe, ya que a su juicio eso "mantendría la institución (monárquica) con vigor renovado".
El diario conservador "ABC" habla en este contexto de una "fobia" y una "campaña" antimonárquica, un fenómeno que llama la atención porque el rey Juan Carlos es, a sus 69 años, la figura más respetada del país, como han constatado innumerables encuestas.
ERC en la mira
El monarca se ganó el respeto de los españoles por su labor esencial en la transición democrática después de la dictadura franquista (1939-1975) y por su papel determinante a la hora de abortar el intento de golpe de Estado que el 23 de febrero de 1981 puso en jaque a la entonces joven democracia española. Es por ello que muchos afirman que la población no es estrictamente monárquica, sino más bien "juancarlista".
Para los defensores de la Corona, detrás de las recientes protestas está Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido independentista que forma parte del gobierno tripartito regional catalán y es uno de los socios del Ejecutivo de Zapatero en el Parlamento.
Precisamente este partido expresó su rechazo a que se persiga judicialmente actos como la quema de fotos del rey, "que pueden gustar más o menos pero que en cualquier país democrático se amparan en la libertad de expresión", según el portavoz de la formación en el Parlamento catalán, Joan Ridao.
ERC además quiere que desaparezcan del Código Penal los artículos relativos a los delitos contra la Corona y el ultraje a España.
Después de las recientes protestas de jóvenes independentistas catalanes en localidades como Gerona o Molins de Rei, la Audiencia Nacional tomó cartas en el asunto, dado que la quema de fotos de los reyes puede constituir un delito de injurias a la Corona, penado con hasta dos años de cárcel.
Mientras el opositor Partido Popular (PP) acusa al gobierno socialista de Zapatero de haber creado un "clima de impunidad" en España y de no hacer nada para frenar protestas como las dirigidas contra la monarquía.
Hay quienes discrepan, sin embargo, de la vía judicial, al entender que con ello sólo se consigue magnificar un asunto que de otra forma sería una cuestión marginal y que con ello sólo se da alas a la intención de grupos radicales de convertir una provocación en un tema de debate político a gran escala.
Estas dudas ya surgieron en agosto pasado, cuando la Audiencia Nacional decidió abrir un proceso por un presunto delito de injurias contra un dibujante y un guionista de la revista satírica "El Jueves", que había publicado en su portada una caricatura sexual del príncipe Felipe y la princesa Letizia.
En opinión del diario "El País", estas actuaciones podrían ser consideradas una "sobreprotección" penal de la Monarquía que, "lejos de favorecer la estabilidad de la institución, puede generar reacciones adversas, bien porque acabe convirtiéndola en el campo de batalla preferente para las reivindicaciones independentistas, bien porque los ciudadanos perciban que el rey y su entorno reciben un tratamiento privilegiado frente a los excesos de la prensa o de la lucha política".
Por lo pronto, los jóvenes independentistas catalanes anuncian nuevas protestas, mientras una página web ofrece envíos gratis de posters del monarca para quemarlos en las manifestaciones.