WASHINGTON.- Diez familiares de víctimas de la rebelión social que en 2003 dejó 60 muertos en Bolivia, denunciaron ante la justicia de Estados Unidos al ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, ya que ahí viven actualmente.
"Los que no respetan los derechos humanos (...) ya no pueden pretender tener cobijo en Estados Unidos", afirmó Judith Chomsky, abogada del Centro por los Derechos Constitucionales (CCR), que representa a los denunciantes bolivianos.
Los familiares de las víctimas presentaron dos denuncias civiles separadas: una ante la Corte Federal de Maryland (este), en cuyo Estado reside Sánchez de Lozada, radicado en las afueras de la capital Washington; y otra en un tribunal similar de Florida (sureste), donde vive el ex ministro de Defensa.
"Estamos determinados a obtener justicia para cada uno de los querellantes y forzar a los procesados a enfrentarse a las consecuencias de su gestión desastrosa durante ese periodo", añadió el abogado Steven Schulman.
Las denuncias buscan "compensaciones" económicas por los daños causados a los familiares de las víctimas, aunque los abogados no precisaron la cantidad de dinero que solicitan.
El máximo tribunal de justicia de Bolivia autorizó el 11 de setiembre al gobierno a iniciar los trámites de extradición y detención preventiva del ex Presidente.
Además de los delitos de genocidio, el ex Mandatario, cuyo segundo gobierno se extendió entre 2002 y 2003, es acusado de utilizar fondos públicos con fines personales.