LIMA.- El abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, negó hoy que el aplazamiento del proceso judicial contra el ex Presidente peruano, cuyo inicio estaba previsto para hoy, responda a una "maniobra dilatoria".
"Lo que ha buscado establecerse es exclusivamente que comencemos con un proceso penal válido para que dentro de uno o dos años no exista una causa de nulidad", justificó Nakazaki en entrevista con la Cadena Peruana de Noticias (CPN), al ser preguntado si la acción responde a una maniobra dilatoria.
Ayer, la Vocalía Suprema de Perú postergó el inicio del primer juicio contra Fujimori, después de que su defensa pidiera que el expediente sea devuelto a la Fiscalía para que se adecue a las disposiciones de la extradición emitida por la Justicia chilena.
En este contexto, Nakazaki señaló que "Perú no tienen mucha experiencia en lo que se refiere a ejecución de sentencias de extradición", al citar el caso de Adolfo Olaechea, considerado como promotor internacional de Sendero Luminoso en Europa y que fue extraditado a Lima desde España en 2003.
Olaechea, que denunció la falta de un debido proceso, fue enjuiciado en 2005 por "apología del terrorismo", aunque fue archivado ese año por falta de pruebas y reabierto nuevamente en marzo pasado.
Para Nakazaki, el caso Fujimori es el más importante de la historia de la Justicia peruana y producirá "batallas muy intensas", tras denunciar una supuesta "presión política, mediática y económica" que, a su opinión, está encaminada a que condenen al ex jefe de Estado (1990-2000).
El primer juicio contra Fujimori es por el allanamiento a la vivienda de la esposa de Vladimiro Montesinos, Trinidad Becerra, el 7 de noviembre de 2000, uno de los cinco casos de corrupción y dos de lesa humanidad por el que el ex gobernante fue extraditado desde Chile.
Los otros procesos se prevé que comiencen en noviembre próximo y estarán también a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
El abogado pronosticó, además, que los procesos contra Fujimori, recluido desde su extradición el 22 de septiembre en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la policía -donde será juzgado-, podrán terminar "en medio año o en uno como máximo".