CARACAS.- El gobierno venezolano consideró hoy una "nueva agresión” las denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) respecto a las “amenazas” a la libertad de expresión e información en el país, y las supuestas presiones oficialistas para impedir que el organismo celebre una reunión en Venezuela en 2008.
"La censura es una práctica habitualmente usada por dueños de medios miembros” de la SIP, “que ordenan a los periodistas no cubrir determinadas informaciones,” señaló en un comunicado el ministro de Información, William Lara.
El gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, “no presiona a ninguna cadena hotelera para que se niegue a hospedar” a los miembros del organismo de dueños y editores de diarios de la región, agregó el comunicado oficial.
En su 63 Asamblea General, que comenzó ayer en Miami, la SIP tiene previsto aprobar el envío de una misión especial a Venezuela para analizar la situación de los medios, las presiones que reciben y las consecuencias para el ejercicio de la libertad de prensa de la reforma constitucional impulsada por Chávez.
El organismo acordó hoy mantener la convocatoria en Venezuela de su reunión semianual, prevista para marzo, a pesar de no haber encontrado hoteles disponibles en Caracas, Maracaibo y la isla de Margarita.
La SIP ha interpretado que la presunta negativa de los hoteles a acoger a sus miembros forma parte de un “boicot” de las autoridades venezolanas contra el organismo, por sus críticas a las supuestas obstrucciones a la libertad de prensa en ese país.
A juicio de Lara, las recientes denuncias de la SIP constituyen una “nueva agresión” contra la “democracia bolivariana” por parte de los “capitalistas de la Sociedad Interamericana de Explotadores de Periodistas,” que usan sus medios para “mentir e injuriar sin tregua” al país.
El director del diario caraqueño El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció este lunes que la asamblea de la SIP prevista para marzo próximo en Venezuela fue anulada porque “los hoteles más importantes del país” se niegan “por presiones” a alojar a los miembros del organismo, lo que Lara desmintió al día siguiente.
El martes pasado, Lara también rechazó las afirmaciones de Otero de que el proyecto de reforma constitucional impulsado por Chávez será “un paso previo a la desaparición de la propiedad privada” y de los “medios independientes” en Venezuela.
Con la reforma constitucional, “Venezuela fortalecerá su condición de país campeón en el ejercicio libertad de expresión (...) reforzará el protagonismo de toda la sociedad en el hecho noticioso diario,” respondió el ministro de Información.
El proyecto de reforma incluye, entre otros, la reelección presidencial indefinida y varios tipos de propiedad, como la social, además de la privada.
Chávez presentó el pasado 15 de agosto su propuesta de modificación constitucional ante la Asamblea Nacional, de 167 miembros, todos oficialistas porque la oposición no se presentó en las elecciones de diciembre de 2005.
Los diputados pretenden aprobar el proyecto de reforma antes de noviembre para que sea sometido a referendo en diciembre próximo, probablemente el 2 de diciembre, como ha sugerido el Poder Electoral.
El gobierno defiende la reforma, porque considera que consolidará el “sistema socialista de equidad y justicia,” mientras que la oposición la rechaza al advertir que otorgará poder “imperiales” a Chávez y lo eternizará en el gobierno.
