Justicia española absuelve a supuesto autor intelectual del 11-M

MADRID.- El egipcio Rabei Osman El Sayed, juzgado como presunto autor intelectual de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, fue absuelto por falta de pruebas, según la sentencia hecha pública hoy por el tribunal que juzgó los hechos. También fueron liberados de cargos otros siete de los 28 acusados (Antonio Toro, Carmen Toro, Emilio Llano, Mohamed Moussante, Javier González Díaz, Iván Granados y Ibrahim Moussaten).

En tanto, tres de los principales inculpados fueron sentenciados a 40 años de cárcel efectiva -máxima condena establecida por el Código Penal español- como ideólogos, ejecutores y colaboradores. Se trata del marroquí Jamal Zougam, autor material que fue reconocido en uno de los trenes; Othman El-Gnaoui, uno de los principales responsables de la célula terrorista, y el minero español José Emilio Suárez Trashorras, confidente de la policía, traficante de drogas y principal suministrador de los explosivos.

Del resto de los acusados el marroquí Youssef Belhadj, acusado de ser autor intelectual y sospechoso de ser el portavoz de Al Qaeda en Europa, fue condenado a 12 años de cárcel; el también marroquí Hassan Al Haski, presunto ex jefe en España y después en Europa del Grupo Islámico Combatiente de Marruecos (GICM) e imputado por ser presunto cerebro de los atentados, fue condenado a 15 años; Abdelmajid Bouchar, el otro acusado de ser el autor material y cuyas huellas se encontraron en una casa donde fueron construidas las bombas, fue al final sólo condenado por pertenencia a organización terrorista; y Rafa Zouhier, confidente de la policía, que habría servido de intermediario en la entrega de explosivos, fue sentenciado a 10 años.

Otros seis sospechosos fueron exonerados de todas las acusaciones. Otras 14 personas fueron convictas de pertenencia a una organización terrorista, con lo que de los 28 procesados fueron convictos 21.

La resolución fue leída hoy por el juez Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que juzgó los ataques que causaron 191 muertos y más de 1.800 heridos en cuatro trenes urbanos.

ETA no participó

El dictamen también afirma que ninguna prueba avala que la organización terrorista vasca ETA estuviera detrás de los atentados, tesis que fue formulada durante el juicio por la defensa de los acusados Jamal Zougam y Basel Ghalyoun.

En este sentido, Gómez Bermúdez señaló que ninguna de las pruebas solicitadas por el abogado "avala la tesis alternativa" de que ETA estuviera implicada.

La sentencia declara probado que los explosivos que estallaron en los trenes, y los que emplearon los suicidas que tres semanas después se quitaron la vida al verse rodeados por la Policía, procedían del mismo lugar, Mina Conchita, en la región de Asturias, en el norte de España.

La resolución agrega que no se sabe con certeza la "marca comercial" de la dinamita, pero aun así "no hay duda" de que procedía de la citada explotación minera.

También señala que no hay duda de la autenticidad de la denominada "mochila de Vallecas", cuya desactivación fue clave para la investigación de los atentados, ni de su procedencia, la estación de El Pozo, donde explotó uno de los trenes atacados.

Los magistrados sostienen que no se rompió la cadena de custodia, ya que los agentes que recogieron todos los efectos en la estación de El Pozo no los perdieron de vista.

Indemnizaciones a víctimas

El tribunal también fijó indemnizaciones de entre 30.000 euros ($20 millones aproximadamente) y 1,5 millones de euros ($1.000 millones aproximadamente) para las víctimas de los atentados.

Según explicó Gómez Bermúdez, se estableció una clasificación en 12 grupos de menor a mayor gravedad, y se fijó una cuantía para cada uno de ellos, con un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 1,5 millones (esta cantidad es para siete personas calificadas como grandes lesionados).

No obstante, el juez no hizo mención acerca de las compensaciones que percibirán los familiares de los 191 fallecidos en la masacre.

El tribunal hizo una excepción con Laura Vega, una joven de 29 años que está en estado vegetal permanente tras ser alcanzada por unas de las explosiones, para la que fija una indemnización de un millón de euros ($600 millones) y un depósito de 250.000 euros ($169 millones) para su tratamiento médico.