BUENOS AIRES.- El motín que dejó 34 reclusos muertos por asfixia y quemaduras en Argentina abrió una polémica entre las autoridades que atribuyen la revuelta a un intento de fuga y los presos que dicen haberla iniciado en protesta contra el hacinamiento y maltratos a sus familiares en las requisas.
El gobierno de la provincia de Santiago del Estero (centro-norte), donde murieron los detenidos, informó que se trató de "un intento de fuga fallido que luego se convirtió en un motín".
"Los presos prendieron fuego a colchones, quedando ellos mismos en una trampa mortal", dijo el gobierno santiagueño.
Con todo, el gobernador Gerardo Zamora decidió la remoción del director de la cárcel, Roberto Camaño, y ordenó la creación de una comisión investigadora integrada por funcionarios del Gobierno nacional con el fin de determinar las causas de la rebelión y las responsabilidades.
La versión de los presos, relatada en una carta enviada a la prensa, señala que el reclamo comenzó luego de ser restringido el horario de visita el domingo y en protesta contra los malos tratos que reciben sus familiares.
Los presos denunciaron haber sido salvajemente reprimidos por los guardiacárceles y negaron que tuvieran intención de fugarse.
La denuncia de los reclusos fue avalada por familiares, religiosos y grupos de derechos humanos.
"No hubo intento de fuga, sino un motín de presos, hartos de sufrir maltratos, vejámenes, torturas y continuas violaciones de los derechos humanos", dijo el presbítero Sergio Lamberti, secretario de Derechos Humanos del obispado de Santiago del Estero.
Lamberti explicó que de los 34 presos fallecidos, la mitad eran encausados sin sentencia firme y señaló que en los días previos al motín, el capellán del penal, Carlos Carabajal, recibió quejas de presos y familiares denunciando el maltrato por parte de agentes penitenciarios.
El humanitario Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que en el Penal de Varones de Santiago del Estero, a 800 km al noroeste de Buenos Aires, estaban alojadas antes del motín 444 personas, entre las cuales había 276 sin condena.
El CELS dijo que la cárcel santiagueña existía una superpoblación del 122%, según datos del año 2005.
"A los internos los han matado como si fueran ratas. Esto ha sido una barbarie inadmisible", afirmó Antenor Ferreyra, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la provincia.
Ferreyra denunció "la falta de preparación de los guardias" para enfrentar la situación de emergencia.
María Josefina Sosa, tía de Claudio Corvalán, uno de los reclusos muertos en el incendio, aseguró que el cuerpo de su sobrino tenía marcas de puntazos de arma blanca y estaba muy golpeado cuando fue retirado de la morgue.
Sin embargo, el parte oficial confirmaba la muerte por asfixia, como en la mayoría de los casos.
"No había nada preparado. Ellos (los presos) tuvieron que reaccionar porque la famosa ’patota’ (grupo hostil de guardias) los estaba castigando", dijo Sosa, secretaria de Derechos Humanos de la delegación provincial de la central gremial opositora CTA.
Sosa contó a la prensa el "trato indignante" al que eran sometidas las mujeres en la requisa previa al ingreso al penal.
"Nos hacían acostar sobre una mesa, nos hacían abrir las piernas para ver si llevábamos droga dentro nuestro", relató la tía de Corvalán, a quien le faltaba apenas un mes para cumplir su condena.
El director del Hospital Regional de Santiago del Estero, Víctor Trejo, dijo este martes que permanecen internadas tres personas con gravísimas quemaduras y riesgo de muerte, tras anunciar el fallecimiento de la víctima número 34 durante la jornada.
El trágico episodio se desató cuando los presos prendieron fuego colchones y las llamas se extendieron sin control por el pabellón que los alojaba, ocupado por encausados por robo a mano armada y homicidio, entre otros delitos.