PARIS.- La huelga de transporte en Francia entró este sábado en su cuarta jornada consecutiva con menos trenes operando que el día anterior y sin señales de que la situación vaya a mejorar antes de una paralización del sector público, prevista para el 20 de noviembre.
Los empleados de trenes votaron el viernes a favor de continuar con sus protestas contra una reforma de pensiones al menos hasta el lunes, pese a la petición de un sindicato moderado de que regresen al trabajo y a una oferta provisional de conversaciones de la compañía estatal SNCF.
La SNCF dijo el sábado que esperaba que sólo 180 trenes de la alta velocidad TGV funcionaran, frente a los 250 del viernes y los 700 de un sábado normal. Las operaciones regionales y de carga y el metro de París también estaban afectados.
La SNCF ofreció el viernes a los sindicatos un procedimiento para examinar sus demandas, con una primera reunión prevista inicialmente para el 21 de noviembre, el día después de una huelga de los funcionarios y profesores.
El diario Le Monde informó el sábado de que el objetivo era aunar a todos los sindicatos para unas conversaciones decisivas el 10 y el 12 de diciembre.
El Gobierno francés ha insistido en que la huelga debe concluir antes de comenzar las negociaciones, pero un asesor del presidente Nicolas Sarkozy dijo el sábado que podría bastar una vuelta "gradual" a los puestos de trabajo.
"No tenemos condiciones. Si hay personas con buenas intenciones, las líneas de comunicación no se cortarán. Tiene que haber simplemente un gesto de buena voluntad", dijo a una radio local Raymond Soubie, asesor de Sarkozy sobre asuntos sociales.
La huelga, que comenzó el martes por la tarde, ha pasado a ser una prueba de fuerza respecto en torno a las reformas económicas que Sarkozy busca impulsar.
Los sindicatos se oponen a los planes de desechar los privilegios especiales de pensión que permiten a unos 500.000 empleados del sector público jubilarse tras cotizar durante 37 años y medio, en lugar de los 40 años del resto de los trabajadores.
El Gobierno asegura que los llamados "regímenes especiales de pensiones" están desfasados, son injustos e imposibles de costear. Los sindicatos señalan que los beneficios fueron asignados debido a las difíciles condiciones laborales que deben enfrentar.