BUENOS AIRES.- El ex marino argentino Héctor Febres, quien murió este lunes, cuatro días antes del veredicto del juicio que se le seguía por delitos cometidos durante la última dictadura militar, tenía cianuro en su sangre, según los resultados de la autopsia a la que fue sometido su cadáver.
El cuerpo tenía “mucha cantidad” de cianuro, por lo que la Justicia analiza si se trató de un suicidio o un asesinato, informaron hoy fuentes judiciales.
La noticia fue confirmada por antiguas víctimas del represor y abogados querellantes en el proceso, quienes no dudaron en indicar que se está ante “el asesinato de Febres".
Mientras tanto, por orden de la jueza Sandra Arrollo, a cargo de la causa, fueron detenidos dos miembros de la dependencia de la Prefectura Naval (guardacostas) de la periferia de Buenos Aires donde estaba alojado el represor, al que custodiaban.
El ex marino, de 65 años, estaba siendo sometido a juicio como presunto coautor de cuatro casos de privación ilegal de libertad y aplicación de tormentos a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel ilegal de la dictadura (1976-1983).
Para este viernes estaba previsto que el Tribunal Oral Federal 5 de la capital argentina emitiera el veredicto.
Rodolfo Yanzón, abogado de una de las partes querellantes en el proceso, dijo este miércoles a Efe que todo parecía indicar que la de Febres había sido “una muerte natural por infarto,” aunque fue cauto al precisar que había que aguardar los resultados de los análisis que determinarían “si ingirió alguna sustancia que le provocó el deceso".
Tanto Yanzón como varios sobrevivientes de la dictadura militar habían planteado dudas acerca de que Febres hubiera muerto por causas naturales a solo cuatro días de que se conociera el veredicto del juicio en su contra.
En la autopsia participaron peritos de las partes querellantes y uno enviado por la familia del represor.
"No se trata de una muerte natural, sino de un asesinato. Febres no pudo haber salido a comprar cianuro, por lo que estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional", sostuvo Carlos Lordkipanidse, una de las víctimas del ex prefecto, en una rueda de prensa.
Myriam Bregman, abogada de una de las partes querellantes, dijo, a su vez, que prepara una denuncia contra la cúpula de la Prefectura Naval y el ex ministro del Interior y actual titular de la cartera de Justicia, Aníbal Fernández.
También contra “el juez que decidió enviar a Febres a una dependencia militar y no a una cárcel común, como reclamamos", afirmó, tras destacar los privilegios de los que “gozaba” el represor en su lugar de detención.
El juicio al ex marino había comenzado hace dos meses y era el primero que se llevaba a cabo en este país por crímenes cometidos en la ESMA, donde, según los organismos de derechos humanos, estuvieron cautivas unas 5.000 personas.
Numerosos testigos declararon que “el gordo Daniel", uno de los alias del ex prefecto, había participado en sesiones de tortura en la ESMA.
El mes pasado, tanto la Fiscalía como las partes querellantes solicitaron a los jueces una condena de 25 años de cárcel para Febres, quien estaba preso desde hace cuatro años, mientras que la defensa pidió la absolución y planteó la nulidad del juicio.
Según Yanzón, “una vez que el tribunal tome fehaciente conocimiento del fallecimiento de Febres a través del certificado de defunción, deberá dictar la prescripción de la acción penal por fallecimiento y sobreseer al imputado".