LA PAZ.- El Gobierno de Evo Morales firmó hoy un decreto que advierte con juicios penales y cobros a las autoridades regionales o municipales que encabecen protestas que causen daños a instalaciones petroleras en Bolivia.
El decreto fue presentado este domingo por la noche por el ministro de Hacienda, Luis Arce, en Palacio de Gobierno, ante la posibilidad de que los dirigentes opositores promuevan desde el lunes protestas sociales contra el Ejecutivo pero que afecten plantas petroleras.
Los dirigentes opositores del sureste de Bolivia, donde están los más grandes campos de gas, anunciaron que mañana iniciarán bloqueos de carreteras en esa región, fronteriza con Argentina y Paraguay, para exigir al Gobierno que atienda sus demandas económicas.
Si bien esos dirigentes señalaron que las protestas no afectarán a instalaciones petroleras de empresas públicas y privadas, el Gobierno dispuso el viernes pasado que el Ejército custodie esas empresas.
El decreto emitido hoy establece que autoridades o funcionarios de departamentos o municipios que instiguen a esos actos serán demandados penalmente, pero además los daños que eventualmente causen serán reparados con una parte de sus presupuestos regionales.
Arce precisó que el Ministerio de Hacienda descontará de forma automática a las prefecturas (gobernaciones) o municipios los fondos que se necesiten para compensar los daños que pudieran causarse contra las instalaciones petroleras.
Las protestas en el sureste, región conocida como el Chaco, son organizadas para reclamar al Gobierno que reponga a los departamentos la renta petrolera que se les redujo en enero pasado y que fue destinada por el Ejecutivo al pago de un bono para mayores de 60 años.
Para organizar otras medidas de presión se reunieron hoy en Tarija los prefectos (gobernadores) de esta región, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Pando, aunque decidieron no dar conocer las medidas que adoptarán contra el Ejecutivo de Morales.
