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Santiago: Miércoles 04 de diciembre del 2024 | Actualizado 00:35
LIMA.- El agente peruano en la demanda contra Chile en el Tribunal de la Haya, Allan Wagner, figura entre las por lo menos 30 personas que sufrieron espionaje telefónico en el Perú en el último año por cuenta de la empresa privada Business Track, según investigaciones policiales publicadas hoy en Lima.
Un informe del diario "La República" con base en fuentes anónimas involucradas en la investigación señaló que en la lista de espiados también están, entre otros, el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz; el entonces ministro de Salud Hernán Garrido Lecca, el secretario general de la Presidencia, Luis Nava, y el ex secretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar.
"Estamos hablando de un vasto espionaje. Las personas grabadas en los llamados 'petroaudios' (que generaron el escándalo de corrupción petrolera) representan quizás menos del diez por ciento del total de víctimas del espionaje telefónico. Nos ha faltado tiempo para reconocer las voces de todos los espiados", afirmaron las fuentes.
Business Track, propiedad del capitán de navío en retiro Elías Ponce y de la que habían formado parte miembros activos y retirados de la Marina expertos en Inteligencia, espiaba por encargo de clientes con fines empresariales, políticos o de otras características, a través de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos.
El ex ministro y virtual candidato presidencial Pedro Pablo Kuckynski, el influyente líder de los empresarios privados José Miguel Morales y la legisladora oficialista Luciana León también figuran en la lista de víctimas, que incluye a "ministros, congresistas, diplomáticos y funcionarios gubernamentales", según la versión.
No hay mayores precisiones sobre el espionaje a Wagner, quien vive en Amsterdam como embajador. El ex canciller está encargado de manejar todo lo relacionado con la demanda que el Perú presentó contra Chile por lo que considera falta de delimitación marítima.
"En algunos casos se han reconocido las voces pero no se ha podido desgrabar el contenido. En otros, se conocía a un interlocutor pero no al otro. Pero se avanzó lo debido para obtener suficiente evidencia incriminatoria contra la organización criminal. La denuncia fiscal será sólo la punta del iceberg", le comentaron las fuentes a "La República".
La policía investiga la lista de clientes de Business Track y trata de establecer los móviles de cada uno. En teoría, la empresa se dedicaba a garantizar la seguridad en las comunicaciones telefónicas y electrónicas para que no pudieran ser interceptadas, pero lo que hacía en la práctica era exactamente lo contrario.
La existencia de una red de espionaje telefónico quedó en evidencia en octubre, al hacerse públicas unas charlas grabadas ilegalmente que desnudaron irregularidades en adjudicaciones de lotes petroleros en concesión y desataron un terremoto político que provocó la caída del gabinete ministerial.
