GINEBRA.- La validez, permanencia, bloqueo y necesidad del secreto bancario será debatido en el Parlamento suizo tras la decisión, avalada por el Gobierno, de transmitir los datos de 300 clientes de UBS a las autoridades estadounidenses.
La Autoridad de Vigilancia de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA) autorizó el miércoles al banco UBS -con el respaldo del Gobierno- a entregar de inmediato al Departamento de Justicia de EE.UU. los nombres de unos 300 clientes estadounidenses a los que ayudó a defraudar al fisco de su país, por lo que también pagará una multa de 780 millones de dólares.
La decisión, que supuso una “excepción” a la legislación que rige el secreto bancario en Suiza, ha causado una polémica encendida y generalizada en la sociedad helvética y, en particular, entre la clase judicial y política.
El Parlamento debatirá esta “crisis nacional,” como muchos la han llamado, en la primera sesión de primavera, que comienza la próxima semana.
Los dos extremos del hemiciclo, los verdes y el ultraderechista UDC, quieren que se haga un debate urgente, pero con objetivos opuestos.
Los verdes para acabar definitivamente con el secreto bancario, mientras que la UDC para ver la manera de blindarlo.
De hecho, la filial de UDC en el Ticcino, el cantón italiano, ha adelantado que promoverá una iniciativa popular para lograr que el secreto bancario se incluya en la Constitución y sea inamovible e inviolable.
El texto de la iniciativa establece que toda persona tendrá el derecho de ingresar dinero en una cuenta en Suiza con la seguridad de que la confidencialidad será respetada y que, sin el consentimiento del cliente, ningún dato será otorgado a una autoridad extranjera.
La iniciativa especifica que el secreto bancario no debe cubrir ninguna actividad criminal, como el terrorismo, el crimen organizado o el blanqueo de dinero, y determina en qué casos y circunstancias Suiza debería colaborar en una investigación penal.
Los socialistas, los demócrata-cristianos y los liberales, más moderados, quieren que el Consejo Federal (Gobierno) designe un grupo de expertos que se dedique exclusivamente al examen del secreto bancario.
Por otra parte, prosigue la polémica sobre la decisión del Tribunal Administrativo Federal (TAF) de prohibir a título "superprovisional” la transmisión de informaciones de ocho clientes de UBS.
La decisión, anunciada el viernes, fue a la práctica en vano, porque los datos fueron transmitidos a las autoridades de Washington el pasado miércoles, es decir, dos días antes.
El presidente de la TAF, Christoph Bandli, negó hoy que el tribunal hubiera actuado con lentitud, tal y como sugirió el presidente de Suiza Hans-Rudolf Merz.
"Es mezquino e injusto echarnos la culpa,” dijo Bandli en declaraciones al diario “Sonntag".
Bandli recordó que en situación normal la decisión hubiera tardado de diez a veinte días.
"Eramos conscientes de la urgencia de la situación y por eso aceleramos el proceso", agregó Bandli, quien no quiso pronunciarse sobre la validez de la acción de la FINMA, muy cuestionada.
El portavoz de la FINMA aseguró que la Autoridad actuó en todo momento dentro del marco de la ley.
Una visión que comparte, el director de la Asociación Suiza de Bancos, Urs Philipp Roth.
Por su parte, el abogado de los ocho clientes de UBS que pretendían evitar que sus datos fueran transmitidos a las autoridades estadounidenses, Andreas Rüd, se plantea interponer un proceso contra la Confederación Helvética por la actuación de la FINMA.
El abogado critica además que hasta la fecha no sabe qué datos han sido transmitidos.
"Eran los mismos documentos que EEUU pedía en su proceso penal? Son los informes completos o sólo los nombres de los clientes? Nosotros no sabemos nada,” se lamentó.
