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Santiago: Lunes 03 de febrero del 2025 | Actualizado 01:09
SANTA CRUZ.- Los prefectos de las regiones de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca presentaron una demanda ante la Fiscalía General de la Nación, contra el presidente Evo Morales a quien acusan de tener responsabilidad al firmar decretos que permitieron actos de corrupción en la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica son los delitos por los que se lo acusa al mandatario boliviano, que tendrá que responder ante la justicia boliviana.
El gobernador de la región oriental cruceña, Rubén Costas, afirmó que el caso de YPFB es sólo una muestra de todas las irregularidades cometidas desde que Morales asumió como mandatario.
Asimismo, argumentó que Morales está implementando un gobierno totalitario con el fin de perpetuarse en el poder. “Piensan que sólo ellos pueden plantear demandas, no le tenemos miedo a los amedrentamientos”, dijo refiriéndose a las amenazas oficialistas de plantear una contra demanda a las autoridades departamentales.
La acusación establece que el Gobierno Central facilitó la adquisición de obras directamente violando los procesos legales y permitiendo la total libertad de acciones irregulares a Santos Ramírez, el segundo hombre más fuerte del partido de gobierno MAS que actualmente está detenido en la cárcel pública de la ciudad occidental de La Paz.
“Santos Ramírez es sólo parte del plan hegemónico del MAS, seguro lo sacarán de la cárcel después de un tiempo prudente”, advirtió Costas que, junto con los prefectos, se reunió con magistrados nacionales para hacer respetar el Estado de Derecho y pedir el cese de detenciones ilegales a los autonomistas.
La detención de Ramírez, hombre de confianza de Morales, fue un duro golpe para el gobierno masista, que también ha sufrido denuncias por contrabando de narcotráfico y camiones. Éste último involucra al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
