MADRID.- El juez español Baltasar Garzón investigará a los autores de torturas en el centro de detención de la base militar estadounidense de Guantánamo (Cuba), según el auto del magistrado difundido hoy.
El juez decidió comenzar "diligencias previas" contra "los posibles autores materiales e inductores, cooperadores necesarios y cómplices" de delitos de torturas, según el texto del auto.
Garzón investigará basándose en las denuncias de tortura de cuatro hombres que estuvieron detenidos en Guantánamo: un español, un marroquí residente en España, un palestino y un libio.
Este caso es diferente de una investigación bloqueada por la fiscalía española contra responsables estadounidenses de la administración Bush.
El juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, ve "un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido, marcados y exigidos por las convenciones internacionales aplicables", según el auto.
Se basa para ello en los documentos desclasificados del gobierno estadounidense, que indica que solicitará.
Ese plan "configura la posible existencia de una acción concertada para la ejecución de una multiplicidad de delitos de torturas" en Guantánamo y otras prisiones como la de Bagram (Afganistán), "que adquiere casi un nivel oficial", según Garzón.
Los denunciantes son el español Hamed Abderramán Ahmed; Lhacen Ikassrien, marroquí residente en España; el palestino Jamiel Abdelatif Al Banna y el libio Omar Deghayes.
El juez también quería abrir una investigación sobre el equipo jurídico estadounidense que durante el gobierno dirigido por el ex Presidente George W. Bush creó el centro de detención de Guantánamo, pero la fiscalía se opuso por no estar dirigida contra los autores materiales.
Garzón, de 53 años, es conocido internacionalmente por su defensa de la justicia universal y por lograr la detención del ex gobernante chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998.
La justicia española reconoce desde 2005 la jurisdicción universal para investigar crímenes contra la humanidad, genocidio y torturas cometidas en todo el mundo.