LIMA.- El gobierno decretó hoy sábado sábado el "estado de emergencia" en cuatro departamentos amazónicos ante un paro de las comunidades indígenas que afecta a la producción petrolera.
"Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito", dice el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
Señala que la medida de excepción regirá durante 60 días en los departamentos de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas.
El "estado de emergencia" se decreta luego de informes oficiales sobre paralizaciones en las embarcaciones que abastecen de víveres y equipos a los trabajadores que laboran en los lotes de perforación petrolera de las empresas Pluspetrol de Argentina y la francesa Perenco.
Los indígenas acatan un paro desde el 9 de abril para exigir al gobierno que derogue varios decretos aprobados por el Congreso en diciembre como parte de la adecuación de la legislación para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que entró en vigencia en febrero.
La declaratoria de emergencia indica que la empresa estatal Petroperú, y la canadiense Talisman han reportado "la existencia de personas que amenazan con paralizar sus labores".
Fernando Daffós, vocero de Petroperú, confirmó a la AP que "la empresa no había recibido todavía una remesa (de petróleo) enviada desde una estación de bombeo".
El primer ministro Yehude Simon sostuvo el sábado en la radio RPP que la protesta de los indígenas de la amazonía peruana "tenía fundamento", pero mostró su desacuerdo respecto a las formas cómo se realizaban las manifestaciones.
"Si se suprimen los decretos legislativos que piden, entonces 28 millones de peruanos vamos a sufrir las consecuencias de tener que suprimir contratos de petróleo y no habrá desarrollo", añadió Simon.
A su vez, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesp), indicó a la AP que la protesta "seguirá hasta que se deroguen los últimos 9 decretos legislativos que los afectan y que se implementaron cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos".
Consideran que los decretos objetados vulneran derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como el derecho colectivo al territorio ancestral, y debilitan la protección de las reservas territoriales de los indígenas.