RÍO DE JANEIRO.- El Gobierno de Brasil cuestionó hoy a la gobernación del estado de Espíritu Santo, ubicado al sudeste del país, por mantener a cerca de 300 presos recluidos en contenedores de transporte marítimo adaptados como celdas.
"Nada justifica colocar presos en contenedores", advirtió el director adjunto de la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia brasileña, Rogerio Sotilli, en declaraciones citadas este domingo por la estatal Agencia Brasil.
Sotilli defendió la decisión del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria de solicitar una intervención del Gobierno central de Brasil en el sistema penitenciario de Espíritu Santo por diferentes hechos que atentan contra los derechos humanos.
"Las fotografías que presentó el Consejo Nacional de Política Penitenciaria para justificar su decisión son degradantes", aseguró Sotilli al referirse a las imágenes de los contenedores.
El informe del Consejo también incluye denuncias sobre supuestas torturas y hasta de descuartizamiento de presos.
Uno de los hechos más graves entre los denunciados y documentados por el Consejo Nacional es la utilización de contenedores para improvisar celdas en el presidio de Novo Horizonte, ubicado en la región metropolitana de Vitoria, la capital regional.
La gobernación de Espíritu Santo alega que la reclusión de los presos en contenedores fue decidida ante el hacinamiento en las prisiones y agregó que se trata de una medida provisional mientras se busca espacio en las cárceles del estado para los nuevos presos y se construyen nuevos presidios.
"Aunque tenemos conocimiento de los esfuerzos hechos por la gobernación de Espíritu Santo para resolver el problema, se trata de una situación muy grave", agregó Sotilli.
Además de defender la intervención del Gobierno federal en el sistema penitenciario de Espíritu Santo, el estatal Consejo Nacional de Defensa de los Derecho Humanos creó una comisión para investigar la situación de los presos en ese estado.
Su objetivo será identificar los principales problemas mediante visitas a las prisiones y entrevistas con autoridades y con los presos, para poder realizar sugerencias que permitan mejorar el sistema penitenciario.
"En el estado de Espíritu Santo viene ocurriendo una serie de ilegalidades y situaciones degradantes que justifican la intervención", aseguró el jurista Dalmo Dallari, integrante del Consejo Nacional de Derechos Humanos, igualmente en declaraciones a la Agencia Brasil.
"La pérdida de libertad no puede significar la pérdida de dignidad o la pérdida de todos los valores inherentes a la condición humana, que incluyen la integridad física y mental", dijo.