PANAMA.- El gobierno de Panamá autorizó un fondo de hasta 2,5 millones de dólares para resarcir a los familiares de cinco panameños que murieron junto a seis chilenos, incluidos altos mandos policiales de los dos países, al accidentarse el helicóptero que los transportaba en la capital panameña.
El monto aprobado en Consejo de Gabinete excluye a los familiares de los fallecidos chilenos, ya que en este caso la reparación económica está siendo negociada aparte en una mesa binacional instalada en diciembre.
La Presidencia dijo en un comunicado este jueves que se trata de "un apoyo económico por razones humanitarias" a favor de los familiares panameños, en una medida anunciada a un día de cumplirse el primer aniversario del trágico accidente.
El 29 de mayo de 2008, el helicóptero del Servicio Aéreo Nacional (SAN) se estrelló en una avenida comercial del centro de la capital muriendo 11 de sus 12 ocupantes, incluyendo al director general de Carabineros de Chile, José Alejandro Bernales, su esposa Carolina y cuatro chilenos más que formaban parte de una comitiva que visitaba este país. Otros cinco oficiales panameños perecieron y uno sobrevivió.
Las autoridades, con ayuda de expertos y el fabricante del helicóptero siniestrado, concluyeron que un error del piloto al no poder responder a la emergencia por el daño sufrido por uno de los dos motores en pleno vuelo ocasionó la caída del aparato.
El gobierno, en su comunicado del jueves, explicó que contratará a un profesional especializado para que determine la suma que corresponderá a cada uno de los sobrevivientes de las víctimas, aunque no precisó la fecha para la entrega del dinero. Tampoco hubo una reacción inmediata de los familiares afectados.
Una reparación justa y equitativa
La medida tiene lugar un día después que los abogados de familiares de tres de las víctimas -la comisionada de la policía nacional María de Celis, el comisionado Gerardo Polanco y el capitán Calixto Cedeño- exigieran una reparación económica justa y equitativa, aunque no mencionaron montos.
Le dieron un plazo al gobierno hasta el viernes para que llegase a un acuerdo satisfactorio o de lo contrario amenazaron con demandar al estado.
"Hemos esperado con mucha paciencia, pero quedan 48 horas (contadas desde el mediodía del miércoles) para que el gobierno nos haga justicia y nos dé un trato igualitario" al que les dan a los chilenos, manifestó Luis Celis, viudo de la comisionada Celis.
El abogado Rolando Candanedo Jr. dijo que "si bien es cierto que hay una mesa binacional entre Panamá y Chile, aspiramos a que el trato no sea discriminatorio respecto a los panameños".
Los abogados aclararon que el monto que exigen los familiares al estado es aparte de las indemnizaciones que deben pagarse en concepto de pólizas de seguro de vida.
El canciller Samuel Lewis había rechazado previamente el ultimátum de los abogados, considerando que "ha habido una muy buena disposición tanto de los familiares como del gobierno de atender situaciones humanitarias como esta de la manera más diligente posible".