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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:53
LIMA.- El conflicto en la Amazonía peruana, que mantuvo en tensión al país durante 70 días y dejó 34 muertos, tuvo un alto costo político para el gobierno e incrementó en 14 puntos la desaprobación a la gestión del presidente Alan García, según una encuesta nacional urbana difundida hoy.
El sondeo de la empresa Ipsos Apoyo, realizado entre el 17 y 19 de junio en 16 ciudades, incluida Lima, señala que la popularidad de García cayó del 30 por ciento en mayo al 21 por ciento en junio, en tanto el rechazo aumentó del 62 al 76 por ciento en ese tiempo.
Los que respaldan la administración de García destacan los esfuerzos por mejorar la imagen del país en el exterior (38 por ciento), mientras los que desaprueban su gestión señalan que comete los mismos errores (37), el desempeño en el conflicto en la selva (37) y el incremento de precios de los alimentos (36).
Lima se mantiene como principal bastión electoral del gobierno, con 26 por ciento y el norte del país (23 por ciento), pero el rechazo aumentó en el centro, oriente y sur del territorio nacional, de acuerdo al estudio de Ipsos Apoyo.
El 84 por ciento de las 1.000 personas consultadas criticó el desempeño de García frente a las protestas de los indígenas, que reclamaban la derogatoria de los decretos legislativos considerados lesivos a sus derechos para favorecer a las transnacionales.
Las protestas en la selva peruana, que abarca el 60 por ciento del territorio nacional, representó la peor crisis política sufrida por el gobierno de Alan García en sus casi tres años de gobierno, por lo que el Ejecutivo dio marcha atrás y pedirá al Congreso la derogatoria de dos decretos, como ocurrió el jueves.
El 53 por ciento de los peruanos respalda la derogatoria de los decretos sobre La Ley Forestal y el régimen jurídico para el uso de tierras con fines agrícolas, y el 57 por ciento sostiene que las comunidades nativas tienen razón en sus reclamos.
El Gobierno debió consultar a los indígenas antes de aprobar el año pasado las leyes mediante facultades otorgadas por el Congreso, según el 92 por ciento de los encuestados.
