TEGUCIGALPA.- La conducta del presidente depuesto de Honduras Manuel Zelaya “hizo peligrar su fidelidad” a la república, según un informe elaborado por una comisión del Congreso Nacional que sirvió para sustentar su derrocamiento el pasado domingo.
La comisión estima que el poder Ejecutivo liderado por Zelaya ejecutó “acciones desafiantes a las autoridades constituidas y el cumplimiento de deberes constitucionales legales, que de una u otra forma inciden en el normal desarrollo de las actividades de la vida nacional”.
Entre las “acciones desafiantes” se encuentran la “no sanción” de 96 decretos y leyes remitidas al presidente.
Según los diputados, Zelaya tampoco presentó el presupuesto general de la República antes del 15 de septiembre del pasado año, cuando concluía el plazo.
Asimismo, mencionan la “ilegalidad” de su proyecto de instalar una “4ª urna” en las elecciones generales del 29 de noviembre, para consultar a la población sobre el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución y habilitar la reelección.
También le adjuntan que con la excusa de realizar una consulta popular sobre la cuarta urna, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente iba a comenzar a “ejecutarse” de hecho el último domingo.
Por todo ello, el “Poder Judicial, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, emitió una resolución ordenando a la Fuerzas Armadas el inmediato decomiso del material”.
El presidente Zelaya fue secuestrado en su residencia por un grupo de militares y trasladado a Costa Rica el domingo, poco antes de la hora prevista para el inicio de la consulta popular anulada por una orden judicial apoyada por el Congreso.