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Santiago: Martes 03 de diciembre del 2024 | Actualizado 15:35
GINEBRA.- El Gobierno suizo se lanzó en una batalla sin precedentes con la justicia del país por su rechazo a entregar a un juez de instrucción documentos clasificados sobre la fabricación de armas nucleares.
El poder Ejecutivo aparece muy aislado porque el Parlamento ya consideró que este rechazo constituía una injerencia en un proceso judicial, algo contrario a la Constitución helvética.
El litigio sufrió el jueves pasado un giro inesperado, cuando un juez de instrucción, apoyado por la más alta instancia penal helvética, ordenó el registro de los locales de la policía judicial federal en Berna por policías cantonales.
Los agentes incautaron de una caja de seguridad con una llave que, teóricamente, da acceso al expediente buscado por el juez, encargado de un caso de contrabando de material para el programa nuclear libio en el que están implicados tres ingenieros suizos, los hermanos Urs y Marco Tinner, así como su padre Friedrich.
Pero el Consejo Federal (gobierno) se niega a entregar a la justicia el expediente, que en realidad es una copia del original destruido en noviembre de 2007 por orden del Ejecutivo.
"Los documentos siguen en las manos del Consejo Federal", que destruirá "los más peligrosos, seleccionados por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA)", anunciaron el viernes por la noche las autoridades suizas.
"Si estos documentos cayeran en las manos equivocadas podrían permitir fabricar armas nucleares susceptibles de desestabilizar regiones del mundo y amenazar la vida de millones de personas", recalca el Gobierno.
"Esta decisión no se puede apelar", volvió a afirmar el poder Ejecutivo, recordando que la Constitución le permite preservar los intereses superiores del país o salvaguardar su seguridad sin tener que rendir cuentas al Parlamento.
Los parlamentarios suizos ya no saben qué hacer frente a esta situación inextricable que el partido UDC (derecha populista) tachó de "grotesca".
Los Verdes, único partido que no tiene representación en el Gobierno, exigen incluso la creación de una comisión de investigación parlamentaria.
El "caso Tinner" es un tema muy sensible en Suiza. Fue solamente en enero cuando el último miembro de la polémica familia de ingenieros fue liberado bajo fianza luego de más de cuatro años de detención preventiva, en contra de la opinión de la fiscalía.
Los dos hermanos Tinner habían sido detenidos en octubre de 2004 en Alemania y extraditados a Suiza en mayo de 2005.
Junto con su padre, están acusados de haber ayudado a Trípoli a desarrollar centrifugadoras de gas destinadas al enriquecimiento de uranio entre 2001 y 2003.
También se les acusa de haber estado en contacto con el "padre" de la bomba nuclear paquistaní.
Ellos aseguran que en realidad trabajaban para los servicios secretos estadounidenses y que pasaban informaciones falsas a sus "clientes".
Durante su arresto en octubre de 2004, estaban en posesión de los famosos "planes detallados para la fabricación de armas nucleares, de centrifugadoras para obtener uranio enriquecido necesario a este fin así como de sistemas de guiado de misiles", según las autoridades suizas.
Libia declaró en 2004 haber renunciado al desarrollo y posesión de armas de destrucción masiva.
Un ingeniero alemán, Gotthard Lerch, sospechoso de pertenecer a la misma red que los tres suizos, fue liberado en julio de 2007 tras la interrupción de su juicio debido a que su caso presentaba demasiadas dudas.
