LIMA.- El canciller de Perú, José García Belaúnde, afirmó que el Estado peruano no tiene una política de espionaje y remarcó que las autoridades judiciales deben investigar la denuncia de que una empresa privada espió a militares chilenos.
García Belaúnde declaró a la emisora Radioprogramas del Perú (RPP) que "no es ninguna política de Estado espiar" y que "los responsables" de este caso son los integrantes de la empresa privada Business Track (BTR), detenidos hace varios meses por participar en un supuesto espionaje industrial.
"Los responsables son ellos y tendrán que asumir las consecuencias de delito que hubieran cometido. Serán enjuiciados y serán sancionados", manifestó.
El canciller señaló que aún no se comunica con las autoridades chilenas, pero que espera hacerlo la próxima semana. "Yo aún no me he comunicado con ellos. Espero hacerlo el día lunes porque no ha habido oportunidad este fin de semana", explicó.
García Belaúnde también aseguró que si Chile presenta una nota de protesta por las actividades ilícitas de la empresa privada, la cancillería peruana reiterará que la investigación le corresponde a las autoridades judiciales.
"La posición peruana es que eso se tiene que investigar y, si fuera el caso, los responsables serán llevados al banquillo de los acusados", anotó.
El Canciller del vecino país emitió las declaraciones después de que la revista peruana "Caretas" revelara la existencia de correos electrónicos y audios con conversaciones telefónicas que corresponderían a cuatro oficiales de la FACh, hallados en el computador de un ex oficial de la Marina de Guerra de ese país.
El computador donde se encontraron los correos y las llamadas interceptadas corresponde a Elías Ponce Feijoo, gerente general de la empresa Business Track (BTR) -vinculada a un caso de espionaje telefónico en contra de dos personeros del partido gobernante Apra, por el que está procesado- y ex capitán de navío de la Marina de Guerra del país del norte.
En su computador fueron encontrados rastros de "chuponeo" (interceptación) efectuado a los correos electrónicos de los oficiales de la FACh Fernando Santander, Felipe Valenzuela, Rodolfo Calderón de la Fuente y Rodrigo Vargas, entre julio y agosto de 2004.
