Perú denunciará a ONU "intereses económicos" detrás de protestas en la selva

LIMA.- Perú denunciará ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas que existieron "intereses económicos" detrás de los sucesos violentos que en junio pasado dejaron 35 muertos en la selva peruana, informó hoy el ministro de Justicia, Aurelio Pastor.

El ministro, quien se encuentra en Ginebra (Suiza), declaró a la agencia oficial Andina que las protestas se iniciaron "tras un proceso de desinformación, engaño y de azuzar a la violencia a las comunidades en contra del Gobierno".

Pastor preside la delegación peruana que informará ante el CERD los avances contra toda forma de discriminación racial en Perú.

"No venimos a defendernos, venimos a explicar lo que pasó y a denunciar la existencia de intereses que, más allá de luchar realmente por los derechos de estas comunidades, lo que pretenden es mantener un espacio que les permita medrar de la cooperación internacional", remarcó.

Añadió que a los supuestos promotores de la violencia "no les interesa que el Gobierno plantee una solución que permita que las comunidades amazónicas se incorporen al desarrollo, sino que se mantengan las cosas como están, porque así reciben dinero para seguir actuando supuestamente en defensa de los pobres de las comunidades".

Pastor destacó la opinión del relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los pueblos indígenas, James Anaya, quien visitó Perú para investigar los sucesos y luego descartó las denuncias de que se había producido un genocidio de indígenas.

"Vamos a usar naturalmente esa información, porque nos va a ayudar aclarar algunos aspectos que han sido difundidos con maldad en el mundo, como anunciar una masacre o la existencia de desaparecidos, cuando a estas alturas el único desaparecido es un mayor de la policía", acotó.

El ministro indicó que el Ejecutivo peruano busca incorporar a los indígenas al mundo globalizado sin "desconocer sus costumbres ni sus lenguas ni las tradiciones que tienen".

Las protestas en la localidad selvática de Bagua se saldaron con 25 policías y 10 civiles muertos, en medio del rechazo a unas leyes del Gobierno que los indígenas consideraron lesivas a sus intereses y que luego fueron derogadas por el Gobierno.