Jueces ordenan liberar unos 40 mil presos en California

LOS ANGELES.- California tendrá que desarrollar un plan  para liberar a unos 40.000 presos en los próximos dos años, según una orden  emitida por tres jueces federales que se pronunciaron sobre el  sistema carcelario de un estado con más de 150.000 prisioneros en 33 cárceles.

La decisión de los tres jueces federales se produjo en respuesta a la  demanda de dos reclusos que alegaron que la red de 33 cárceles de este estado  están hacinadas y por ende se le niega a la población carcelaria atención  médica adecuada y tratamiento de enfermedades mentales.

Los jueces federales ordenaron a California el desarrollo de un plan para  reducir su población de presos a aproximadamente 110.000, en los próximos dos  años, lo que significa la liberación de unos 40.000 presos, indicó un  comunicado del Departamento de Correccionales y de Rehabilitación de California  (CDCR).

"Creemos que los tribunales se excedieron en su autoridad", expresó en un  comunicado el secretario del CDCR, Matthew Cate, tras manifestar su oposición  a que se fije cualquier tope a la población penal o se ordene la liberación de  presos ordenada por parte de jueces federales.

"Vamos a apelar ante la Corte Suprema de Justicia cualquier decisión final  que pudiera ordenar la liberación de 40.000 presos", advirtió el portavoz del  sistema carcelario de California. Las 33 cárceles de California albergan 150.354 presos, una de las  poblaciones de presos más altas de Estados Unidos y del mundo.

Una eventual reducción de la población penal en California ha provocado  polémica en las últimas semanas cuando el estado más rico del país intentó  recortar por ese sector para solventar un descomunal déficit fiscal.

El propio gobernador Arnold Schwarzenegger planteó la posibilidad de  liberar a unos 27.000 presos, dado el alto costo para el estado.

Pero la propuesta enfureció a la minoría republicana que amenazó con vetar  un presupuesto ejecutado para evitar la quiebra del Estado y donde al final los  legisladores aprobaron un plan con prioridad para una serie de recortes  drásticos de programas sociales, sobre todo en los sectores de educación y de  salud.