LA PAZ.- Fuertes críticas ha recibido el Gobierno de Evo Morales por intentar solucionar una centenaria controversia con Chile sobre las aguas fronterizas del Silala.
Sus ministro y viceministro de Exteriores, David Choquehuanca y Hugo Fernández, se han convertido en el blanco de los cuestionamientos y amenazas de juicio por presunta "traición", tras haber alcanzado un acuerdo preliminar con las autoridades de Chile sobre el asunto.
La oposición boliviana critica el convenio porque a su juicio admite la tesis de Chile de que las aguas del Silala, en la región andina de Potosí, son un río y no un manantial como defiende Bolivia.
El Silala está situado cerca de la frontera con Chile y sus aguas se canalizaron hace 101 años hacia el norte de este país, donde son usadas principalmente por Codelco y las empresas mineras.
El convenio preliminar cuestionado por la oposición consiste en que las empresas de Chile pagarán por el 50 por ciento del consumo, hasta que estudios científicos conjuntos diriman en cuatro años si las aguas son de un río internacional o de manantiales de Bolivia.
Para la oposición, el Gobierno de Morales ha incurrido en una claudicación histórica por poner en duda la propiedad plena de esas aguas y no exigir explícitamente el pago por los cien años de consumo chileno.
Entre los más críticos figura el ex Presidente e historiador Carlos Mesa (2003-2005), quien dijo hoy en un artículo publicado en el diario La Prensa que el acuerdo es uno de los "más entreguistas que el Gobierno boliviano haya hecho en su relación bilateral con Chile".
"No se necesita demasiada inteligencia para darse cuenta de que lo que Bolivia está haciendo es entregarse de pies y manos a Chile", afirmó Mesa, al expresar su confianza en que los bolivianos y en particular los potosinos se opondrán "radicalmente" al convenio.
"Nos venden espejitos de colores y nosotros se los compramos", agregó Mesa, al asegurar que si otro Gobierno hubiera suscrito sólo la mitad de ese acuerdo habría sido paralizado por bloqueos y protestas sociales.
En tanto, Javier Murillo de la Rocha, que fue canciller entre 1997 y 2001 durante el mandato constitucional del otrora dictador Hugo Banzer, sostuvo en La Prensa "que hay antecedentes históricos, jurídicos y diplomáticos" de que en 1908 empresas del norte de Chile solicitaron el agua reconociendo la soberanía plena de Bolivia sobre ella.
Por su parte, el diputado opositor de Poder Democrático y Social (Podemos) Fernando Barrientos y el concejal de El Alto Roberto de La Cruz, amenazaron por separado con un juicio por presunta traición contra el vicecanciller Hugo Fernández, que fue quien negoció el proyecto de acuerdo con su homólogo chileno, Alberto Van Klaveren.
La oposición, que controla el Senado, ha adelantado que rechazará este convenio en el Congreso si finalmente se llega a firmar.
Morales rechaza los cuestionamientos
Las críticas fueron rechazadas hoy mismo por Morales, partidario de sopesar en la balanza si Bolivia permitirá que Chile siga "aprovechando las aguas" sin pagar nada, o comienza por fin a recibir los primeros pagos.
"¿Bolivia quiere o no quiere recibir algún beneficio después de cien años? Eso está en debate", dijo Morales, al tiempo que acusó a anteriores gobiernos de no haber hecho nada para solucionar la controversia.
El Gobierno de Morales alega también razones prácticas para defender el proyecto de convenio, porque técnicamente no hay forma de evitar que las aguas fluyan hacia Chile, a menos que se construya un dique de 240 metros, posibilidad descartada por su alto coste.
Pese a las criticas, el Ejecutivo asegura contar con el apoyo social necesario para avanzar en el acuerdo. Sus cálculos hablan también de ingresos cercanos a los tres millones de dólares anuales, o de al menos diez mil dólares diarios cuando se inicie el cobro a las empresas chilenas.
